Cómo terminé en este baile? Eso pensaba el autor de estas líneas, a medida que se acerca su participación en un coloquio organizado por la Universidad de Montevideo esta semana, cuyo título es similar al de esta pieza. Es que a veces uno dice que sí a invitaciones que se ven lejos. Pero a medida que el calendario va pasando, se da cuenta del brete en que se metió. ¿Hablar de estos temas en una mesa con expertos en filosofía y ciencia política? ¿Un periodista? ¡Auxilio!

Acorralado por el compromiso, y mientras intentábamos redactar algo digno que decir allí, una cosa nos llamó la atención. Una TV al fondo, que cubría la evacuación del edificio de la Facultad de Derecho en el marco de esta seguidilla de amenazas de bomba, mostró un cartel insólito que dominaba la entrada del edificio. Algo como “son 30 mil”. ¿Son 30 mil? ¿Qué?

El cartel se refería a los desaparecidos en Argentina. Y tenía relación con el reciente aniversario del golpe de Estado en ese país, que revivió toda una polémica sobre la “guerra sucia”, y cual sería la cantidad real de desaparecidos.

La polémica, ya de por sí absurda en origen, es directamente estúpida en un país ajeno. Y el simple hecho de que los fascistas habituales que actúan como dueños de esa facultad desde tiempos en que este autor concurría, se sientan con derecho a enchastrar su fachada con una consigna extranjera, muestra el nivel de cipayismo y carencia de sentido del ridículo de quienes lo hacen. Y la complicidad de las autoridades.

Pero el hecho nos puso de nuevo el tema de la mentira y la política enfrente. Porque más allá de posturas y debates, está más que claro en Argentina que los desaparecidos no fueron 30 mil, sino unos 10 mil.

Por supuesto que esto, moralmente, no cambia en nada la tragedia que eso significó. De hecho, y por lo poco que vimos por estos días en medios argentinos, ni el militante más intenso del antimileísmo gastó un minuto en defender esa cifra, que ya han desmentido todas las figuras emblemáticas de la lucha contra la dictadura argentina explicando que fue un número que se tuvo que usar para conseguir atención de gobiernos europeos, pero que no se basaba en nada concreto.

La gran pregunta acá es, ¿por qué si no hay datos ni testimonios que permitan sostener esa cifra, a nivel político se la considera como una consigna sagrada, cuya sola cuestión ya incluye a quien lo haga en el bando de los fascistas admiradores de Videla? ¿No es acaso dar argumentos a los “negacionistas” que tanto se aborrece? ¿Por qué en política se puede tomar un hecho falso, y convertirlo en dogma casi religioso, imposible de cuestionar sin pagar el precio de la apostasía?

Esto nos hace acordar al debate sobre la pandemia, por ejemplo, donde hay un grupito que sigue insistiendo con que a Uruguay le fue horrible, en contra de todas las evaluaciones respetables a nivel global. O aquello de los niños que comían pasto en la crisis del 2002, ¿se acuerda?

En medio de esta reflexión, otra noticia nos saltó frente a los ojos. Declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, hablando de que buscarán volver a habilitar las ocupaciones de empresas, porque serían una “extensión” del derecho de huelga. Y que estaba siendo criminalizada a raíz de los cambios legales del gobierno anterior.

Esto es todo mentira. Ni la ocupación es una extensión del derecho de huelga, ya que por definición ese derecho implica un “no hacer”, y en este caso lo que se hace es apropiarse de un bien ajeno, e impedir por la fuerza a otras personas el ejercer su derecho al trabajo y a la libre circulación. Pero tampoco es verdad que se haya “criminalizado”, ya que no se creó un delito al respecto, ni se impuso una pena a quien comete esa acción.

Por el contrario, lo que hubo fue una ley legítima, que facilitó el desalojo, y que fue validada por el soberano (el pueblo) en las urnas.

Uno puede entender que los sindicatos organizados quieran ese privilegio de poder ocupar un bien ajeno, porque es una herramienta poderosísima a la hora de la negociación, que presiona a cualquier empresario a allanarse a los reclamos más delirantes, ante las eventuales pérdidas que ello le puede causar. También que el Partido Comunista lo quiera, porque cualquier cosa que espante a la inversión privada sirve para imponer ante la sociedad la necesidad de que el Estado sea el principal actor de la economía. Más o menos lo que querían con la reforma de la seguridad social.

Pero el argumento no deja de ser una mentira. Igual que lo de los niños que comían pasto, igual que eso de que Uruguay tuvo tasas de mortalidad escandalosas en la pandemia. ¿Por qué gente que no tiene el incentivo práctico o ideológico de algunos, es capaz de convivir y aceptar esas mentiras?

Se dice que la filosofía es hacerse esas preguntas que en el fondo nunca van a tener respuesta. Buen punto para plantear en el coloquio que nos tiene desvelados.