En Nueva Orleans, estado de Luisiana, hay un puerto en la salida del río Misisipi al Golfo de México, que integra una vigorosa hidrovía que recorre las riberas de diez estados de Estados Unidos. El Partido Nacional en esta línea ha impulsado siempre a la hidrovía de la Cuenca del Plata.

Así, promovió la privatización de los puertos comerciales con la Ley de Puertos de 1991, sancionada cuando el gobierno del presidente Luis A. Lacalle Herrera. Que implicó una multiplicación inmediata del 300%, de la actividad de carga y descarga del Puerto de Montevideo. Acorde con la idea de Bélgica que consideraba Herrera.

Durante la presidencia del Dr. Jorge Batlle (2000-2005), sumó un llamado a licitación abierta que propiciaba una monumental inversión en instalaciones más eficientes del muelle especializado en carga y descarga de contenedores de Montevideo. Podía presentarse cualquier interesado. Lo hizo solo la sociedad anónima Terminal Cuenca del Plata S.A., de la que son dueños la empresa belga Katoen Natie, titular del 80% de las acciones, y el Estado uruguayo, a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP), titular del 20% de las mismas. Resultó adjudicataria del contrato de concesión. Tiene preferencia en contenedores y si está saturada operan en competencia otros muelles.

El costo más grave para los barcos es la estadía en puerto. La agilidad del trabajo de carga es gravitante. Factor principal de la decadencia portuaria fueron los sindicatos. Eran hacia 1990 los dueños de los puertos parando actividades cuando querían. Especialmente el perteneciente a la ANP, una célula activa del partido comunista.

Durante el pasado gobierno del Frente Amplio (2005-2019), siendo ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, la concesión fue violada. Y, las cargas de contenedores se derivaron arbitrariamente para muelles públicos, en los que sin inversión relevante, actuaba Montecon S.A. una multinacional chileno-canadiense, cobrando precios baratos por sus servicios, en competencia ilegal y desleal con la concesionaria TCP S.A. Amenazada su sobrevivencia, la accionista Katoen Natie inició un arbitraje internacional de proporciones económicas gravísimas contra Uruguay. Fue cerrado por el actual gobierno, con una transacción que restauraba el contrato de concesión, que se renovó por 50 años más con TCP S.A. La que deberá invertir 600 millones de dólares en obras. Que están en curso y harán de Montevideo un hub regional parecido a Nueva Orleans en el Misisipi.

Nodus S.A, cabeza del holding al que pertenece Montecon S.A., según la Corte Electoral, sugestivamente hizo una colaboración de USD 30.000 al Frente Amplio. La más grande del sector privado recibida por la entente “populista”… Y, tras operar lesionando nuestra legalidad portuaria trascendió ha iniciado un reclamo internacional contra Uruguay.

Hoy lo que vale es que el Puerto de Montevideo acrece sostenidamente sus volúmenes de carga y múltiples denuncias del Frente Amplio favoreciendo a su principal aportante privado han sido rechazadas judicial y administrativamente. Y, que toda la academia jurídica nacional respalda técnicamente la legalidad de la transacción a que se ha referido (“La reforma portuaria 30 años después”, 2022, ed. La Ley, Uruguay).