En dos notas anteriores, comentamos la situación en que se encuentran los dirigentes del Frente Amplio, luego de que el 14 de octubre de 2023 decidieron dejar en libertad de acción a sus sectores y partidos, frente a la convocatoria de reforma constitucional sobre seguridad social, realizada por el Pit-Cnt y el Partido Comunista.

Con sobrado fundamento, calificamos de “pusilánime” la conducta de aquellos dirigentes frentistas que proclamando abiertamente el efecto negativo del texto constitucional proyectado -y hasta calificando de “ilegítima” la apropiación de los 22.000 millones de dólares que constituyen el ahorro individual de un millón y medio de trabajadores-, sin embargo -aun constándoles el daño que causaría al interés general- luego se someten sin resistir, a la decisión de dar “manos libres” a los perpetradores del daño.

Lo más increíble es que a la fecha, ya sabido que habrá plebiscito, y que existe alguna posibilidad de que este sea ratificatorio, se mantienen en su falta de coraje cívico.

Ello ocurrió, por ejemplo, con uno de los más destacados dirigentes de la referida “fuerza política”.

Nos referimos, nada menos, que a Yamandú Orsi. Durante la campaña de “las internas” Orsi manifestó -reiteradas veces- que no acompañaría la reforma, por razones de forma y de fondo, tanto porque entendía que no era materia constitucional, como porque estaba en contra de su contenido normativo. Obviamente, tampoco podía ignorar que tanto el Seregnismo -con Bergara a la cabeza, que no escatimó en argumentos y calificativos contra la reforma- y el MPP, los dos grupos de mayor protagonismo durante “su” campaña, también estaban en contra.

Pues bien, vale la pena reparar en el texto de la carta dirigida por Yamandú Orsi a Pablo Mieres.

La misma tiene por finalidad responder a la invitación que el segundo le formulara para incorporar su nombre a la declaración de los candidatos de los distintos partidos, contra la reforma constitucional, en un gesto político de significación que alerte a nuestros compatriotas del eventual grave daño al interés general y al derecho individual de los ahorristas a quienes se pretende despojar.

El texto de la “declaración” de los candidatos a presidente, solo menciona el proyecto de reforma constitucional y analiza sus efectos negativos, que no se diferencian de los advertidos por el Cr. Mario Bergara y su sector a lo largo de los últimos meses, desde que el Pit-Cnt promovió la iniciativa.

La respuesta de Orsi, es absurda, pues elude la invitación, invocando dos argumentos falaces. Dice así en el párrafo fundamental de la breve carta: “…sabrás que mi posición, y la de mi fuerza política, no concuerda con la ley de reforma previsional aprobada por el gobierno de coalición que tú también integras. Y sabrás, también, que nuestro programa se plantea revisar esa ley a través de un diálogo social que escuche genuinamente la voz de los distintos actores del sistema”.

Pues bien, el primer error lógico cometido deriva de que Orsi no advierte que el argumento que utiliza, es inconsistente, pues en la “declaración” que Mieres le invitó a suscribir, no se critica la reforma constitucional por contraponerse a la reforma legislativa reciente, sino por otras razones diversas, como es “petrificar” en el texto constitucional normas que deben ser de manejo legislativo -creando un gasto público imposible de solventar- y por apropiarse del ahorro de un millón y medio de trabajadores. Le bastaba con repasar las declaraciones públicas y fundadas del Cr. Bergara y los restantes “compañeros seregnistas”.

El segundo error lógico, estriba en que si se aprueba la reforma constitucional, ya no habrá ningún “diálogo social” posible, para estudiar la gran reforma legislativa que auguran en su programa, pues ello solo podría hacerse a través de una nueva reforma constitucional, derogatoria de la anterior.

Mientras tanto, el pueblo uruguayo, debería cargar con un feroz “ajuste fiscal”, para sobrellevar el exorbitante aumento del gasto provocado por la reforma, que nunca fue calculado por sus autores.

Pero la irresponsabilidad de los redactores y promotores es peor aún. Como increíblemente han confesado los redactores del texto proyectado (personalmente se lo escuchamos al senador Andrade en una reciente polémica en televisión con el senador Gandini), además, cometieron un grueso error de redacción, que es el siguiente: en el primer párrafo del numeral 6 del art. 67 de la Constitución, cuando el proyecto, dice: “Ninguna jubilación ni pensión podrá ser inferior al valor del Salario Mínimo Nacional”, en realidad, la intención fue decir otra cosa.

Según explicó Andrade, si la nueva norma estableciera que cada jubilación o pensión debe ser -como mínimo- de un Salario Mínimo Nacional, como es frecuente que una misma persona cobre más de una jubilación o pensión, el resultado global, será que el aumento del gasto para el BPS será varias veces mayor que el que ellos mismos previeron y el resultado individual será injusto, porque habría quienes acumulen varios Salarios Mínimos. En suma, los redactores sostienen que la interpretación que debe darse -contra el claro texto a plebiscitar- es que el piso del Salario Mínimo debe aplicarse por cada persona beneficiada y no por cada prestación.

Para colmar nuestro asombro, informó Andrade que ya habían encargado a un grupo de abogados la elaboración de un proyecto de ley interpretativa a los efectos de aprobarla antes del plebiscito, de modo de advertir a los sufragantes cual debía ser la inteligencia a dar a la disposición.

Claro que, los creadores de la supuesta solución para enmendar su grosera e irresponsable “metida de pata”, no tuvieron en cuenta que el legislador no tiene la última palabra, pues el art. 85 num. 20 de la Constitución vigente establece que la facultad del Poder Legislativo de interpretar la Constitución, es “sin perjuicio de la facultad que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 256 a 261”.

En base a esa facultad, seguramente la Corte no admitirá un apartamiento tan grosero del “tenor literal” de la disposición plebiscitada y declarará inconstitucional la ley interpretativa, lo que aumentará el descalabro financiero provocado.

Es de esperar que los frentistas más sensatos y más cuidadosos del texto de la Constitución, adviertan que la situación no es para “tibios”.