La discusión sobre la situación venezolana en la Comisión Permanente de nuestro Parlamento, la semana pasada, culminó en una votación dividida. La Coalición Republicana y el Frente Amplio no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una declaración compartida y, finalmente cada cual votó la suya. Dada la composición actual del órgano, resultó aprobada la presentada por la primera. Desde el punto de vista concreto las consecuencias de la declaración serán mínimas. Es dudoso que la dictadura venezolana les preste alguna atención.

Pero, fue una jornada interesante porque, cuando se comparan los textos de los dos proyectos de declaración, se encuentran elementos comunes.

Ambos concluyen que la ceremonia de asunción del presidente Maduro, el 10 de enero, forma parte de un proceso más prolongado. La resolución aprobada, comienza afirmando que en aquella fecha había culminado, “un largo proceso de deterioro de la situación político-institucional”. La otra, sostuvo que “el gobierno venezolano ha profundizado su alejamiento del marco institucional impulsado por la propia Constitución aprobada en el año 1999”.

El proyecto aprobado opina que el juramento de Maduro para un nuevo término como presidente, desconoce “la contundente victoria de la oposición, conformada por organizaciones internacionales y gran parte de los países democráticos”. El proyecto del Frente Amplio, en cambio, consideró que ese acto se realizó, “sin las auditorías de verificación correspondientes al proceso electoral tal como exige la legislación”.

Para la mayoría de la Comisión Permanente, el juramento del 10 de enero, configuró “un golpe de Estado” y significa que “nadie puede negar que es una Dictadura”. El proyecto de la minoría opinó que aquel acto erosiona la legitimidad del resultado y cuestiona “cualquier tránsito democrático”.

Ambas concluyen con la necesidad de impulsar una transición democrática.

La resolución aprobada entendió que “debe iniciarse en forma inmediata un proceso de paz que culmine más temprano que tarde, con el restablecimiento de la República en Venezuela, permitiendo que el nombrado presidente electo Edmundo González Urrutia asuma el cargo del que fue investido por la absoluta total mayoría de los ciudadanos”. El otro proyecto propuso que “solo un proceso de diálogo transparente, cristalino, democrático y pacífico con la participación de todos los actores comprometidos puede conducir a la recuperación y plena vigencia de la institucionalidad democrática en Venezuela”.

La experiencia demuestra (acuerdos de Barbados) que las posibilidades de un diálogo transparente, emprendido de buena fe, son mínimas o inexistentes. Y es lógico, la dictadura de Maduro actúa de acuerdo a su propia naturaleza. Y esta la conduce a redoblar su apuesta.

En fin, por un momento pareció que los hechos, tan porfiados, muy gradualmente, habrían conducido a la cristalización de un consenso básico entre las dos bancadas parlamentarias.

Hasta que un importante dirigente frenteamplista, declaró que “hay debates y miradas distintas” sobre el tema y que los venezolanos “han elegido este gobierno “. ¿De veras?

No es una afirmación de importancia menor. Sobre todo, si consideramos que el dirigente es el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social del nuevo gobierno.