La reciente renuncia del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, ha puesto en evidencia una profunda diferencia de criterios entre el actual gobierno y el próximo. Más allá del debate sobre el hidrógeno verde, esta situación deja una pregunta inquietante: ¿ha aprendido el Frente Amplio algo de los errores del pasado?

Las declaraciones de la futura ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, parecen indicar que no. Su insistencia en que Ancap debía invertir en el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global, calificando la decisión del gobierno como una “oportunidad perdida”, refleja una visión que ignora los riesgos y las lecciones de los desastres financieros que marcaron las administraciones frenteamplistas.

Esos desastres son conocidos por todos los uruguayos. La quiebra de Pluna dejó al país con una deuda multimillonaria, aviones embargados y una reputación mancillada en el ámbito empresarial internacional. La regasificadora Gas Sayago, por su parte, fue un proyecto mal planificado y peor ejecutado, que no llegó a completarse y aun así costó cientos de millones de dólares al Estado. Y no olvidemos el caso del horno de portland, un equipo millonario comprado por Ancap que nunca se llegó a instalar y que ahora será subastado como chatarra. Estas aventuras no solo derrocharon recursos públicos, sino que también pusieron en evidencia una gestión basada más en impulsos que en análisis rigurosos.

El proyecto de hidrógeno verde de HIF Global, aunque prometedor en teoría, pertenece a un mercado emergente lleno de incertidumbre. Hoy, el hidrógeno verde enfrenta enormes desafíos económicos y tecnológicos. Los costos de producción siguen siendo prohibitivos, la demanda global no está consolidada y las infraestructuras necesarias para su desarrollo masivo aún están en pañales. Los ejemplos internacionales no hacen más que reforzar esta perspectiva. Corea del Sur, a pesar de su avanzado desarrollo tecnológico, sufrió el fracaso de su primera subasta de energía basada en hidrógeno por falta de interés debido a los altos costos. En los Emiratos Árabes Unidos, Masdar decidió posponer su meta de producción más allá de 2030 por problemas de viabilidad económica. Incluso en Europa, donde se promueven ambiciosos objetivos climáticos, auditores de la Unión Europea han señalado que las metas de hidrógeno verde son “poco realistas”. Esto pone en evidencia que el hidrógeno verde todavía es más un sueño que una realidad consolidada.

En este escenario, es comprensible que el gobierno haya optado por no comprometer recursos públicos en un mercado que todavía no ofrece certezas. Sin embargo, las declaraciones de la ministra Elisa Facio, quien afirmó con claridad que “no vamos a poner el dinero de los contribuyentes en esto”, aunque acertadas en su intención de proteger las finanzas públicas, fueron acompañadas por un comentario que dejó dudas: “El proyecto es muy bueno para el país, pero no deja de ser una cosa novedosa que no tiene un mercado certero”. Si bien hay dudas legítimas sobre la viabilidad económica del hidrógeno verde, esta declaración resulta desafortunada viniendo de la ministra de una cartera que ha liderado el impulso al desarrollo del sector. Referirse al hidrógeno verde como “una cosa novedosa” no solo resta credibilidad al impulso que Uruguay ha buscado dar al tema, sino que también refleja cierta falta de alineación en el discurso gubernamental sobre un tema tan estratégico y envía una señal de incertidumbre a los desarrolladores privados.

Por su parte, el ministro Omar Paganini adoptó un enfoque más equilibrado, enfatizando que el hidrógeno verde es un mercado en desarrollo y que el riesgo de participar en proyectos como el de HIF Global debe recaer en el sector privado, no en el Estado. Este enfoque resalta la importancia de mantener una gestión responsable, evitando comprometer los recursos públicos en mercados que todavía no ofrecen garantías de retorno para los contribuyentes.

Uruguay, en plena “segunda transición energética”, debe avanzar con prudencia, combinando incentivos públicos con la capacidad del sector privado para asumir riesgos. Aunque el hidrógeno verde tiene potencial, su desarrollo exige planificación estratégica, condiciones regulatorias claras y evitar que el Estado asuma riesgos desmedidos en un mercado aún inciertos. En este contexto, el Frente Amplio tiene la oportunidad de demostrar que ha aprendido de sus errores, y que no desea desperdiciar los esfuerzos del gobierno saliente para equilibrar las finanzas públicas. En lugar de grandes apuestas, debe priorizar políticas responsables y, como paso clave, liderar un llamado a un acuerdo multipartidario de energía con miras al 2040-2050, que permita trazar una hoja de ruta consensuada y sostenible para el futuro energético del país.

Uruguay ya ha pagado un precio demasiado alto por decisiones apresuradas y mal calculadas en el pasado. Aprender de esas experiencias no significa frenar el progreso, sino garantizar que este se haga de manera sostenible y sin hipotecar el futuro del país. La prudencia es la clave para un camino que beneficie a todos los uruguayos.

* Francisco Beltrán es Ingeniero Mecánico egresado de la Udelar (2015) y Magíster en Ingeniería de Energía Sustentable por el Instituto Real de Tecnología de Suecia (KTH, 2019). Actualmente, es investigador en Energía y Medio Ambiente en KTH, y se encuentra próximo a finalizar un doctorado en la misma institución. Es miembro del Directorio de la Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES), integra la Secretaría del Programa de Futuros Líderes Energéticos de Uruguay del Consejo Mundial de Energía y ha sido seleccionado como Futuro Líder Energético Global por el mismo organismo.