Uno de los puntos propuestos en el documento Un salto al desarrollo que venimos presentando desde CED a los candidatos a la Presidencia de la República de todos los partidos es que en el próximo período no pueden incrementarse los impuestos. La idea, para no quedar presos de una expresión en particular, es que no puede incrementarse la presión fiscal sobre la población. Esto es no deberían crearse nuevos impuestos ni incrementar la forma en que se recaudan los existentes por ninguno de los vericuetos posibles.

La idea no es muy original, pero es fundamental que se internalice por todos quienes tienen chance de acceder a la Presidencia de la República. En este sentido, es auspicioso que el Frente Amplio haya retirado su propuesta de incrementar impuestos -la cual estaba presente en el borrador de su programa de gobierno en la versión final, aprobada por su Congreso- y que varios candidatos se hayan definido públicamente en contra, como Álvaro Delgado y Robert Silva. Sería deseable que los demás también lo hicieran, por lo que vale la pena detenerse en el porqué.

Uruguay es uno de los países de mayor presión fiscal de América Latina. Discusiones sobre si hay espacio para aumentar impuestos directos o indirectos, verbigracia, no tienen sentido en nuestro país, porque en cualquiera de sus versiones los impuestos ya son muy elevados. La carga tributaria es un lastre para la competitividad del país que afecta a la inversión, la generación de empleo y los salarios en su nivel actual, por lo que pretender aumentarla sería demencial.

Pongamos un ejemplo. La llamada brecha salarial, que es la diferencia entre lo que le cuesta a un empresario contratar a un trabajador y lo que este recibe en la mano, está al tope de los rankings continentales. Esto implica que si las cargas que pesan sobre esta brecha fueran menores, las empresas contratarían más trabajadores y lo que los trabajadores reciben sería mayor. Este punto es especialmente relevante en los empleos de menor calificación, donde la carga fiscal pesa decisivamente en que se contraten menos personas de lo que podría ocurrir con menor carga fiscal y también pesa claramente en un menor ingreso de los trabajadores, muy relevante para hacer frente a su canasta de consumo.

En teoría sería deseable, por cierto, proponer que deben disminuirse los impuestos reduciendo el gasto público, pero esa no parece ser la preferencia de los candidatos a la Presidencia, al menos en lo que hemos escuchado hasta el momento. En todo caso, es claro que si quieren asignarse más recursos a algunos fines específicos, puede y debe hacerse a través de la reasignación o de la disminución de gasto en algunos fines específicos. Un tema que vale la pena analizar es si siguen siendo necesarios 300.000 empleados públicos, especialmente respecto de los que trabajan en el Estado central, con el avance de la tecnología y la implementación de trámites en línea. Ni que hablar de la duplicación de fines de varias oficinas y direcciones de ministerios o, directamente, de la inutilidad de varias oficinas defendidas con pasión, dignas de mejor causa en el Parlamento.

En todo caso, un objetivo razonable y posible es el compromiso de no aumentar los impuestos existentes. Cualquier corrección que deba hacerse bien puede y debe hacerse por el lado del gasto público. Si hay algo que notoriamente no necesitamos es más impuestos.