La preocupación por la situación de conservación de la fauna autóctona nacional es una prioridad relativa, considerando el peso histórico que ha tenido en las políticas gubernamentales. Si bien en la letra fría del marco legal, nuestras especies gozan de una protección específica, en los hechos, a la hora de su aplicación, eso no ocurre.

Y cuando hablamos de protección, nos referimos al concepto más amplio del término. No se trata solamente de combatir la caza ilegal, la destrucción de sus hábitats, sino también de llevar adelante políticas efectivas y exitosas que impidan el ingreso ocasional o la introducción deliberada de especies exóticas, por el alto impacto negativo que estas suelen tener en la biodiversidad local, y también sobre los intereses de las personas.

Basta mencionar al jabalí, la liebre, la rana toro, la rata europea, el mejillón dorado asiático, la carpa común, el ciervo axis de Asia, o insectos como la mosca de los Cuernos. Otro tanto sucede en el terreno de la flora nacional.

Detengámonos un instante en la conservación de la diversidad biológica nacional. Nuestro país no escapa a la realidad mundial, caracterizada por un incesante incremento de la presión sobre los sistemas naturales.

El crecimiento poblacional que conlleva a más desarrollo productivo, a la constante expansión de las urbanizaciones, de las redes viales; así como a transformaciones tecnológicas de impacto en los ecosistemas, marcan la hoja de ruta del crecimiento actual.

En tal contexto, las políticas de conservación que deben desplegarse para armonizar tal fenómeno transformador, requieren de mucha inteligencia, creatividad y firmeza en las decisiones.

No es dable descuidar sus diversos aspectos porque todos son valiosos a la hora de planificar los resultados que se desean conquistar. Nos referimos a que importa tanto combatir las especies exóticas invasoras como el llevar adelante estrategias para mejorar las situaciones poblacionales de aquellas especies nativas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

El Ministerio de Ambiente, como principal organismo estatal responsable del área, debe desplegar una política agresiva y muy profesional para asegurar su eficacia. Por un lado, tiene que informar a la sociedad de por qué es importante para su presente y futuro, como parte esencial de una estrategia de difusión y educación permanente.

Por otro lado, tomar las riendas con mucha firmeza en la ejecución de programas a mediano y largo plazo, enfocados en la conservación de la diversidad biológica nacional, como parte de una política consolidada, pero que debe estar en permanente revisión y actualización. Los enormes desafíos que nos plantea el hoy, persiguiendo ese gran objetivo a conseguir en el siglo XXI que es un modelo de desarrollo sustentable, requiere de decisiones políticas creativas y muy innovadoras, pero al mismo tiempo arriesgadas y valientes.

No hay margen para mantener visiones fragmentadas. Gracias a nuestra mejor ciencia, sabemos que hasta lo que parecen detalles pueden ser factores muy importantes. Nuestro mundo, ese entorno que nos incluye inseparablemente, evoluciona como una entidad única, como si se tratara de un organismo viviente que debe ser minuciosamente cuidado.

Todos los días aumenta nuestra responsabilidad, con el futuro de las próximas generaciones.