El funcionamiento de la planta productora de celulosa UPM II instalada en Durazno sigue ocasionando situaciones ambientales preocupantes, que no deberían ocurrir.

Muy pocos emprendimientos industriales en la historia del país han generado tanta resistencia y demandado un elevado número de exigencias ambientales, como ocurrió con estas fábricas. De hecho las condiciones impuestas al privado, que desembocaron en la autorización de construcción de la UPM I, elevaron los estándares de contralor ambiental en nuestro país, por parte de las autoridades competentes. Debido a su gran envergadura, se supone que están sometidas a controles muy exigentes, tanto en calidad como en frecuencia.

Como correlato de ello, se da por supuesto que estas plantas cuentan con sistemas de prevención de daños ambientales de primer nivel, lo que debería hacer altamente improbable que ocurrieran sucesos y eventos contaminantes de importancia. Pero no es así.

Hace un año se registró en la planta de Durazno un enorme derrame de soda cáustica -cerca de un millón de litros- que contaminó la cañada Sauce. Provocó la muerte de la mayoría de su vida acuática, curso de agua que vierte sus aguas a una laguna previa a su desembocadura en el río Negro.

La enorme planta industrial se enteró del hecho por el aviso de un vecino y no por su sistema de contralor, algo inexplicable para una empresa de su experiencia y envergadura. El Ministerio de Ambiente aplicó las sanciones que consideró ajustadas a la normativa vigente.

Pero el pasado 18 de junio ocurrió otro derrame, esta vez de lixiviados, (o sea de líquidos residuales de la industria), en otro sector de la planta. Esos desechos se vierten a una pileta de residuos sólidos y de allí se bombean hacia una planta de tratamiento. Como dicha planta estaba en mantenimiento, cortaron el bombeo, las cámaras se saturaron, derramándose lixiviados en un lugar cercano a la cañada, pero alcanzado al curso de agua. Aunque cueste creer, el derrame ocurrió durante tres o cuatro días. Si bien no ocasionó un gran impacto ambiental, queda claro que no funcionó el plan operativo de la empresa.

A ello hay que añadirle que aunque la empresa tiene obligación de comunicar hechos de esta naturaleza de manera inmediata al Ministerio de Ambiente, demoró 8 días en hacerlo.

Se constató un nuevo incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Operación de la planta, al que debe respetar a rajatabla y sin excepciones. Si bien este derrame no se compara con el anterior en volumen y toxicidad, nunca debió ocurrir. Son necesarias las acciones punitivas que llevará a cabo el Ministerio de Ambiente pero ciertamente, no es lo más importante en esta situación.

La autoridad ambiental nacional debe garantizar a la sociedad salvaguardar la homeostasis ecosistémica de la zona. En este caso, con plena conciencia de que lo actuado el año pasado no produjo los resultados de prevención buscados.

Cuesta entender cómo es posible que una empresa moderna, con acceso a la tecnología de punta en el rubro, y que ha invertido mucho dinero en su planta procesadora de celulosa, cometa errores tan burdos, por impericia y/o falta de controles básicos.