Días atrás se publicó en estas páginas, un artículo referido a la situación de extrema fragilidad que vive desde siempre nuestra fauna autóctona.

A pesar de que desde hace muchas décadas las especies nativas disponen de una amplia protección legal, los hechos demuestran que esa cobertura se limita al “mundo de los papeles”. En la vida real las cacerías campean a lo largo y ancho del país, sujetas al libre albedrío de los que están prestos a empuñar las armas e instalar trampas, invocando la “caza deportiva” o “la de subsistencia”.

Desde luego se realizan ciertos controles, que desembocan en la aplicación de algunas multas y requisas -como prevé el marco legal vigente. Pero, que distan mucho de tener el impacto disuasivo y ejemplarizante pretendido por las normas.

Significa que lejos de sentirnos mínimamente satisfechos, hay que insistir con firmeza ante las autoridades, para que los resultados obtenidos tengan una cierta armonía con los objetivos establecidos de protección y conservación de la diversidad biológica nacional.

Considerando todo lo hecho hasta ahora queda claro que muy poco se ha conseguido en materia de incrementar la responsabilidad individual de los que adhieren a la caza furtiva.

El desafío es conseguir el abandono de una vieja práctica. No ocurrirá por “generación espontánea” sino a través de estrategias educativas e informativas diseñadas para impactar en el compromiso personal. Pero, dado el punto de partida en el cual estamos, se hace imprescindible imponer acciones directas y ejemplarizantes para aquellos que demuestran muy poco respeto por las leyes.

Algo similar lo vemos con las infracciones de tránsito. Por lo tanto la protección de la fauna nacional demanda, con urgencia, mejorar significativamente los controles en todo el país, y actuar con contundencia a la hora de sancionar a los infractores.

Para ello debe lograrse una acción bien coordinada entre las autoridades con jurisdicción como los ministerios de Ambiente e Interior, los Gobiernos Departamentales y Locales, y la Jus- ticia. Nadie está haciendo bien su trabajo, cuando lo que se necesita es que todos lo hagan correctamente y al unísono.

No se pretende que el Ministerio de Ambiente tenga inspectores trabajando en un terreno tan vasto. Por sí que coordine con la Policía la realización de controles permanentes en el medio rural y en los centros poblados. También que se sumen las Alcaldías, aprovechando su estrecho contacto con los vecinos; pudiendo tener acceso a información “de primera mano” de quienes capturan especies protegidas. Asimismo, la Justicia debe atender las denuncias con celeridad y aplicar la ley, más allá del relacionamiento de vecindad que pueda darse en comunidades pequeñas.

En el fondo nos queda la sensación de que, las autoridades que deben actuar cada día para tutelar este patrimonio, lo subvaloran. Creen que alcanza con realizar algún procedimiento y aplicar una multa de vez en cuando, para demostrarles a los más demandantes que algo se está haciendo. Lo cierto es que muy pocas voces se escuchan reclamando más y mejor protección del patrimonio biodiverso, a pesar de su importancia para garantizar una mejor calidad ambiental del país.