Para algunos es motivo de depresión. Para otros, tiene su costado valioso. Lo real es que luego de tres semanas fuera del país los temas de discusión son exactamente los mismos. Filtraciones intencionadas de charlas privadas, violencia narco, y el clima que se debate entre sequías e inundaciones.

Sobre lo primero, es ineludible hacer un par de comentarios respecto al supuesto intento de manipulación de la Justicia del expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Uno, la fiscal Ghione, a posteriori de la charla difundida, lo enterró de cabeza a Penadés. Eso debería dar por tierra cualquier especulación sobre gestiones o chanchullos. ¿No es relevante ese detalle a la hora de presentar el tema? Dos, si a cada uno de nosotros nos fueran a juzgar por lo que decimos en charlas privadas por teléfono, la cantidad de amistades, matrimonios, y vínculos vecinales que se romperían sería incalculable.

Por estas horas robó menos titulares de los que ameritaría una declaración del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendiendo la honra del exministro Fernando Lorenzo, diciendo que fue “lo mejor que le pasó al país” (!), y sosteniendo que el fallo judicial que lo condenó, lo acató, pero no lo compartió.

Es curioso cómo Pereira, más allá de defender a su amigo contra toda evidencia (cosa humanamente encomiable, pero que él mismo ha criticado en gente de otros partidos) presenta el acatamiento de un fallo penal casi como un favor, como un acto de generosidad. Pero volviendo a Iturralde, ¿usted se imagina si en aquellos momentos del escándalo Pluna, del “señor de la derecha”, y todo eso, hubiéramos podido acceder a las charlas entre Lorenzo, Calloia, Mujica, Pereira?

Fuera de estas miserias politiqueras mínimas, hay un tema en agenda por estas horas que sí conecta con la preocupación de un gran sector de la sociedad. Hablamos de la propuesta para modificar algunos artículos de la ley 19.580, popularmente conocida como ley de género. Una propuesta que retoma inquietudes sociales y técnicas muy extendidas, pero cuya sola amenaza de tocar, ha sido como pinchar un avispero.

No vamos a entrar aquí en profundidades legales que serían para otro ámbito. Pero a grandes rasgos se le critica a la ley que ha inclinado la balanza de manera desproporcionada en favor de la mujer en todo tipo de conflictos: desde divorcios hasta denuncias por violación o violencia. Y que pese a su muy loable intención, ha generado una cantidad de injusticias, inaceptables en un país con un estado de derecho funcional. Por otro lado, a seis años de su aprobación, no parece que la ley haya tenido efecto en reducir los casos de violencia contra la mujer.

La reacción de furia de activistas de diversa laya ante la simple posibilidad de revisar esa ley es bastante explícita en que no estamos ante una postura basada en hechos, sino en emociones. Y a nadie que viva en esta sociedad, y en especial si trabaja en un medio de comunicación o tiene algún vínculo con el sistema de Justicia, le escapa que las denuncias y reclamos por injusticias causadas por esta ley son cosa de todos los días.

El caso de la denuncia contra el exintendente Orsi puso sobre la mesa apenas algunos de sus problemas. Por ejemplo, la relevancia que se da en materia probatoria a la denuncia, aunque sea anónima, que desata un mecanismo donde el acusado ve una inversión radical de la carga de la prueba, y debe probar él su inocencia, en vez de lo contrario. ¿Usted se imagina si en el marco de esa investigación le hubieran sacado el teléfono a Orsi, y todas sus charlas hubieran empezado a filtrarse en los medios?

Hay además un problema de limitación a la presentación de pruebas que es inaceptable. Según explicaba la Prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera, en el 94% de los casos estudiados tramitados por esta ley, la única prueba existente es el simple testimonio de la mujer.

Fue muy interesante presenciar un debate en el programa Polémica en el Bar donde la penalista Daiana Abracinskas debatía el tema con una activista de nombre Soledad González. A los 10 segundos de intercambio, el debate pasó de ser una discusión sobre la ley y su efecto, a convertirse en una pugna personal e ideológica, donde la activista consideraba que cualquier crítica a la ley era cómplice de violadores y violentos. Algo demasiado habitual por estos días, pero que es ridículo y conspira contra el proceso sistemático de mejora de cualquier sistema legal.

En eso sí que ha cambiado el debate público en Uruguay. En tiempos en que este autor asistía a la Facultad de Derecho, la máxima consigna garantista, “progresista”, racional era: “Más vale un culpable libre, que un inocente preso”. ¿Cómo fue que eso se convirtió en una postura rancia, patriarcal y digna de desprecio?