El riego en la producción agropecuaria de Uruguay, en particular en los cultivos de verano y también en la ganadería y en la lechería, es muy beneficioso para el desarrollo del campo, en cualquier circunstancia climática, pero mucho más ante fenómenos de crisis hídrica como la que sufre el país desde hace tres años en el contexto del cambio climático. Un salto cuantitativo en la utilización del riego no ocurrirá sin el papel del Estado como agente catalizador del mercado.

Un conjunto de políticas públicas enfocada al aumento progresivo de las hectáreas con riego provocaría una suba estructural de la producción nacional, no solo por el salto lógico en la inversión y la ganancia de productividad en el sector agropecuario, sino por los profundos encadenamientos productivos y sociales existentes con el resto de los sectores de la economía del país. Incluso, hasta abarataría el precio del maíz en el mercado interno por su mayor oferta.

Así lo indica un reciente estudio que, luego de casi un año de trabajo multidisciplinario, fue presentado por CERES en la 26ª Expoactiva de Soriano, en una coyuntura dramática de sequía. Los resultados son contundentes: si se intensifica el ritmo de crecimiento del riego de los últimos tres años, a tasas razonables, en 2030 el PBI de Uruguay sería 5% superior que lo que sería sin la expansión del agua como recurso productivo. Estaríamos ante un impulso de toda la economía que se haría sentir en la creación de empleos y en los ingresos del Estado por pagos de impuestos.

Para lograr este impacto es clave que el esfuerzo que supone la inversión en equipamiento y manejo de riego pueda estar al alcance de pequeños o medianos productores. La extensión del riego tiene que trascender la frontera de los productores que lo pueden financiar con su propia renta.

La realidad muestra que hay mucho paño para crecer, pues el campo uruguayo está lejos de su potencial para contrarrestar la variabilidad climática históricamente alta, estimándose más aguda en el futuro. Una mayor disponibilidad de agua proveniente de precipitaciones tomará cada vez más importancia en el país, cuando al mismo tiempo disponemos de suficientes reservas de agua que pueden utilizarse con un criterio de sustentabilidad.

El país cuenta con la institucionalidad necesaria para avanzar. En 1997, la ley de Riego estableció las bases para una política de nacional de riego, las que fueron perfeccionadas en 2017 por una nueva que incluyó la creación de Sistemas de Riego Multiprediales para hacer posible el suministro de agua para riego a dos o más productores, con aprobación previa por parte del Estado.

En ese contexto es razonable que el actual gobierno hable de una “próxima política de riego” como política de Estado, inspirada en la exitosa experiencia del sector forestal. En la misma línea estuvo la intención del Frente Amplio durante sus años en el gobierno. Por ejemplo, Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería del gobierno anterior, decía que “Uruguay es un país de agricultura de verano, en que nueve de cada 10 años no crecen ni 70 % del potencial porque el factor limitante es el agua y, por eso, utilizar correctamente el riego como factor de insumo derivará en mayor producción y competitividad”.

Por otra parte, no estamos inventando la rueda. Alrededor del 40% de los alimentos del mundo se producen con riego en el 16% de las tierras agrícolas, una relación que también nos habla de la alta productividad que supone esta herramienta para la producción.

El funcionamiento del sistema de riego depende en gran medida del acceso a la energía eléctrica. Uruguay la tiene y la genera con fuentes renovables. Utilizar la energía generada con molinos para regar nuestros campos cerraría un círculo virtuoso autosustentable, muy deseable y posible. El Estado tiene un papel para jugar.

Es por ello primordial el diseño de un plan de energía para la extensión de las líneas de UTE, un esfuerzo público-privado. Una posibilidad realista es habilitar créditos a través del Banco República, que se pueda amortizar con el incremento futuro del consumo de energía, con lo cual se evitaría un aumento de la deuda pública y no se afectaría en el corto plazo la recaudación del ente.

El régimen actual de promoción de inversiones es adecuado para fomentar el riego. Los beneficios fiscales para la concreción de tajamares, pozos, perforaciones, motores y bombas para atraer agua, entre otras, e incluso instalaciones para la distribución de energía eléctrica, han sido un buen incentivo que debe mantenerse. Pero no es suficiente. Para lograr la expansión necesaria del riego se debe extender a empresas no agropecuarias que podrían convertir el riego en un negocio propio y ofrecer servicios a los productores rurales.

En este sentido, el artículo 13 de la ley de Riego deja la puerta abierta a inversiones cruzadas para “la realización de obras hidráulicas de aprovechamiento en común o individual de sus miembros o para servicios a terceros, así como la operación de sistemas de riego y la generación de energía eléctrica”. Por ende, hay que facilitar mecanismos para que empresas no agropecuarias puedan utilizar sus rentas para financiar proyectos de riego. Esto, además de favorecer a ambas partes y dinamizar la actividad, repercutiría positivamente en la recaudación impositiva.

Los incentivos fiscales y financieros deberían estar acompañados con un eficiente plan de difusión en torno a las bondades del riego, tomando como base las investigaciones que ya se realizan en el país.

Con un Plan Nacional de Riego se pueden multiplicar las posibilidades de producción del país, con un impacto económico y social que va mucho más allá del sector agropecuario. Están dadas las condiciones para que el Estado marque el rumbo con los incentivos necesarios para que productores y emprendedores avancen en conjunto en una estrategia decisiva para el desarrollo del país.