Sería bueno que el debate preelectoral se mantuviese por encima de niveles mínimos; eso quiere decir dejar de personalizar-acusar y, en cambio, pasar a encarar asuntos nacionales.

Uno de esos asuntos nacionales (y, por lo tanto, permanentes) es el de la inversión extranjera. Coincidentemente este tema ha cobrado actualidad esta semana ante el amague de la empresa cervecera de cerrar su planta de la ciudad de Minas.

La discusión -necesaria y conveniente- no es inversión extranjera sí o inversión extranjera no. El capitalista local, nuestro, tiene poco paño para grandes despliegues. Uruguay necesita inversión extranjera; el asunto es en qué condiciones. El inversor extranjero no viene a dejar plata: viene a sacar plata, pero para eso primero tiene que poner plata. Y cuando las inversiones son de mucha plata es razonable que procuren asegurarse el mantenimiento por largo tiempo de las condiciones acordadas.

¿Qué ofrece nuestro país para hacerse atractivo al capital internacional y que este busque invertirse acá y no en otro lugar? Ofrece básicamente seguridad jurídica y estabilidad política; no ofrece ni debe ofrecer condiciones de saqueo (o término equivalente si este -que es muy real- al lector le parece demasiado duro).

La empresa cervecera que amagó cerrar su planta en Minas aduciendo no ser ya rentable su permanencia allí es una conocida multinacional brasilera. El diferendo se encaminó y ha sido solucionado gracias al buen manejo que demostraron el Ministro de Trabajo y el directivo sindical. Sin desmedro de ellos quiero resaltar especialmente la intervención de la ministra de Industria, Elisa Facio, sentando una posición nacional y minimizando adecuadamente las cuitas y sollozos de la multinacional. La competencia desleal alegada de la cerveza en lata importada no tiene lugar porque esa misma empresa también las importa. También rebatió el argumento de la carga del Imesi y agregó en su comparecencia al Parlamento: “Se pueden imaginar que el gobierno no va a tomar una decisión que favorezca a una multinacional que declaró US$ 8 millones de ganancia”. Defensa del interés nacional.

Las condiciones generales que ofrece el Uruguay, aquellas en las que trabajan los empresarios nacionales, también son suficientes para el inversor extranjero. Nuestro país debería haber negociado con ese criterio en su momento con las plantas de celulosa. Así lo expresó Luis Lacalle, nuestro presidente, cuando era senador y se trataba la instalación de la planta de UPM2 en pueblo Centenario. Los eucaliptus están acá; no se podía instalar la planta en otro país (¡y le dimos un ferrocarril y un puerto!)

Actualmente hay una propuesta de inversión extranjera para una planta de hidrógeno verde sobre el río Uruguay. No piden ni el gobierno ha ofrecido un régimen de zona franca y sería una inversión de US$ 4 mil millones: más o menos como la inversión de UPM.

Este es el tipo de temas que hay que discutir en la campaña electoral. La seguridad jurídica, que es, por ejemplo, que los partidos políticos uruguayos garanticen que no apoyarán cambios institucionales locos, como es la reforma constitucional que impulsa plebiscitar el Pit-Cnt.

Algunos gustan hablar de políticas de Estado: prefiero hablar de políticas nacionales. En suma: el Uruguay puede ser un país atractivo para la inversión internacional si mantiene seguridad jurídica y sensatez política. Establecido esto no precisa regalar nada.