La mayoría de los dirigentes políticos se presentan a sí mismos como encargados de recoger-interpretar las necesidades de la gente y como agentes de solución de esos problemas. Sin embargo hay un asunto, importante y grave, que la gente no ve como problema y que, quizás por eso mismo, el discurso de los políticos no suele recoger. Se trata de la distorsión patológica que se produce cuando la política se judicializa (o la justicia se politiza). Es un problema nuevo para el Uruguay, ajeno a su tradición, pero ya tiene registros; el causante, el agente patógeno activo, ha sido la política.

La anomalía tuvo sus comienzos en gobiernos anteriores, cuando el Frente Amplio gobernaba con mayorías absolutas y tomó como norma no hacer lugar a ningún pedido de formación de Comisiones Investigadoras del Parlamento. Al tener cerrado el espacio parlamentario para dar curso en él a investigaciones la oposición de aquel tiempo -blancos y colorados- tomó el camino de llevar sus denuncias a los estrados judiciales.

Haya sido justificado o no, este traslado no deja de traer consecuencias, tanto en el terreno político como en el judicial. Lo que habitualmente los partidos políticos envían a una Comisión Investigadora es material político, munición política por así llamarlo, en una lógica de lucha política. Generalmente se trata de algún tipo de abuso, mal manejo de la cosa pública y temas por el estilo; (si hay delito la cosa va directamente a un juzgado penal). En todo caso es una confrontación política y las confrontaciones políticas -al-go que es normal y corriente en la vida ciudadana democrática- se tramitan y se resuelven en el ámbito de la política o en el ámbito parlamentario: no se trasladan a los estrados judiciales.

Esa transferencia es dañina para la política en su conjunto; deja en la opinión pública la impresión de que la política o el Parlamento son territorios del show, del palabrerío, de la intencionalidad y la falta de objetividad. Lo serio es el estrado judicial: lo otro es puro espectáculo sin consecuencias.

Pero, además, se produce otro daño, el cual, a mi juicio, está empezando a verificarse: los fiscales y los jueces comienzan a interpretar que hay batallas políticas en las que ellos, jueces y fiscales, se encuentran habilitados a participar manejando las causas -más rápido unas, más lentamente otras- según intereses políticos que les han sido trasladados.

Si alguien tiene alguna duda de los efectos perversos de esta práctica no tiene más que mirar hacia la Argentina; el caso Skanca (empresa sueca que construyó un gasoducto y desparramó coimas en todo el kirchnerismo) es del año 2006 y todavía anda dando vueltas por los juzgados sin fallo a la vista.

Este es un asunto -la judicialización de la política- muy delicado y que debería estar presente en las campañas electorales en curso. No digo en los programas de gobierno, ya que no le va a traer ni un solo voto a nadie; tampoco sería buena cosa incluirlo en la oratoria preelectoral, puesto que ella se despliega para señalar diferencias entre los candidatos y en esto debería haber unanimidad. La clase política -tan denigrada hoy en el vecindario- debería tejer en este terreno un acuerdo personal. Y cumplirlo. Se trata de un acuerdo elemental: mantener la política en manos de los políticos.