Desde la elección nacional de octubre varios analistas, politólogos y periodistas han puesto especial hincapié en el asunto de la “gobernabilidad” y en la búsqueda de acuerdos o puntos en común entre los dos bloques que se dirimen la dirección del país por los próximos cinco años.

Entiendo que el planteo de esa búsqueda de posiciones comunes es inoportuna. Inoportuna pero no neutra.

Es inoportuna porque esta etapa del balotaje es una etapa netamente de contraste de proyectos. La etapa de negociación siempre será posterior y las habilidades para concretar acuerdos -que si bien pueden ser exhibidas en esta etapa- no deben ser puestas en ejecución ahora. Ningún sentido tiene -a los efectos del contraste que el balotaje exige- marcar las coincidencias de las propuestas de los candidatos porque, en todo caso, si todos están de acuerdo en hacer algo no importa quien resulte ganador. Por eso mismo llego al segundo punto: esa falta de oportunidad en el planteo no es neutra.

Resulta funcional al bloque de oposición porque diluye las enormes diferencias que hay en temas fundamentales para el país como la visión económica, la certeza en el régimen de seguridad social, en materia educativa y en seguridad pública.

Esa búsqueda de acuerdos y políticas de Estado resulta, por tanto, hija en algunos casos de cierto “correctismo político” y, en otros casos, es funcional a un relato de “son los mismo”.

Dentro de la visión más lírica de la política se puede pensar que una “política pública” surja de un acuerdo, y por lo tanto, ya resulta bendecida desde el origen para su exitosa maduración. No es así. El “acuerdo” puede ser malo, ineficiente o inconveniente. En realidad lo que un país precisa son buenas políticas mantenidas en el tiempo. En Uruguay hay varios ejemplos.

El país creció teniendo por base la ley de inversiones, la ley de puertos, la ley forestal, la ley de zonas francas, entre algunas pocas más. Ninguna la votó el Frente Amplio y cuando llegaron al gobierno las mantuvieron. Ahí se confirmaron como políticas de Estado, pero no nacieron como tales. Entonces, más que legitimidad de origen de una política por surgir de “acuerdos”, lo importante es su vigencia (fructífera) en el tiempo. De hecho, muchas veces se han firmado acuerdos que no se han cumplido. El acuerdo en materia educativa impulsado por Jorge Larrañaga en 2012, firmado por todos los partidos y por el presidente Mujica, no se cumplió, fue boicoteado por los propios representantes frentistas en el Codicen. O los acuerdos de seguridad de 2016 convocados por el presidente Vázquez, donde su propia bancada no lo cumplió en el Parlamento.

Pasó recientemente con el acuerdo impulsado en la órbita del Ministerio del Interior, donde el Frente Amplio llegó a presentar propuestas que fueron recogidas e igualmente no firmaron el acuerdo. Entonces lo importante es una buena política mantenida en el tiempo.

En un tema clave como la seguridad pública el país debe seguir avanzando. El país tuvo la sabiduría de reclamar un cambio en su orientación en 2019. Y los resultados de la actual administración vienen respaldando que estamos en el camino correcto y que sería un error un desvío de ese camino.

Por ejemplo, son profundas las diferencias en la filosofía política frente al delito, la delincuencia y el ejercicio de la autoridad entre la coalición de Gobierno y el Frente Amplio. La izquierda tiene una visión indulgente con la delincuencia, hija de las teorías sociológicas que culpan y responsabilizan a la sociedad por los delincuentes. Romantizan al delincuente como si fuera un rebelde que protesta contra la sociedad injusta. Confunden represión con arbitrariedad y abuso.

La represión es el castigo del delito, es lo que manda la ley. Sin castigo del delito lo que hay es impunidad e injusticia. Sin embargo, en la izquierda confunden ejercicio de la autoridad con abuso y autoritarismo y tienen una permanente actitud de desconfianza y sospecha contra la Policía.

Para llegar a un acuerdo con el Frente Amplio ¿habrá que quitarle el apoyo jurídico que dio le dio la LUC a la Policía? ¿Habría que acordar “desprisionalizar”? ¿Qué renunciar a la lucha contra el narcomenudeo? Ese no puede ser el precio de un acuerdo.

Son, por tanto, esas diferencias las que debe ver el ciudadano en esta etapa. La hora de los acuerdos será, en todo caso, después del 24, donde además, el ganador deberá defender lo que el ciudadano elija.