En estos últimos días, la salud mental es otra vez un tema en la agenda de la opinión pública. Muchas veces, los eventos graves, algunos de ellos tragedias, nos hacen reaccionar sobre la relevancia de jerarquizar su abordaje. Sin embargo, me interesa en esta columna hacer un breve repaso de algunas acciones concretas que se están desarrollando desde hace algún tiempo en Uruguay y tienen que ver con el tema.

Los problemas y desafíos en materia de salud mental no son una novedad en nuestro. Tampoco son solamente consecuencia de la pandemia, si bien su impacto, particularmente en las nuevas generaciones, es evidente.

Hace algunos años, el país aprobó un marco legal que rompe el paradigma histórico y modifica el abordaje de la salud mental desde lo estrictamente sanitario. El nuevo modelo implica la necesidad de desarrollar acciones comunitarias, desestigmatizar el fenómeno y proponer nuevas herramientas de prevención.

Aforundamento, el país avanza, probablemente no tan rápido como se necesite, pero si a paso firme y permanente. Probablemente, el evento más relevante en los últimos meses en la materia, es el reciente anuncio del presidente de la República en relación a que la salud mental y el tratamiento de las adicciones serán la prioridad en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.

Las señales y acciones de este gobierno en la materia atraviesan transversalmente a varios organismos. Hace unas pocas semanas, la nueva ministra de Salud Pública Karina Rando, remarcó en su discurso de asunción la prioridad que tiene y seguirá teniendo el tema en la agenda del organismo: “no hay salud sin salud mental”.

El compromiso de la actual ministra impulsa el camino iniciado y liderado por el subsecretario José Luis Satdjian, cuya gestión ha permitido hacer grandes avances, entre otros, en el sistema de vigilancia sobre los intentos de autoeliminación. Conocer con fidelidad la escala y profundidad de estos eventos, permitirán al MSP no solo monitorear sino fiscalizar el cumplimiento de normativas vigentes en materia del adecuado acceso a los especialistas en el área de la salud mental.

A su vez, las acciones sanitarias deben y están siendo complementadas por otras del sector educativo y social. Se destaca el protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social, asumiendo en este último período de gobierno nuevas líneas programáticas.

Por nombrar algunas, destacan el fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado, con propuestas laborales y educativas que alcanzan el máximo histórico del organismo, el liderazgo asumido por el Instituto Nacional de la Juventud con la implementación de la estrategia interinstitucional “Ni Silencio Ni Tabú” dirigida a adolescentes y jóvenes, y los múltiples dispositivos implementados para el tratamiento de las adicciones y las problemáticas de salud mental de personas en situación de calle coejecutadas por Mides con ASSE y la Junta Nacional de Drogas.

Sin pausa, tenemos el enorme desafío de profundizar el camino que estamos recorriendo. Ojalá que este impulso del Poder Ejecutivo encuentre el consenso político y social que se requiere para transformar esta prioridad en una verdadera política de Estado. Debemos y podemos transformar la dura realidad que estamos viviendo.