Los expertos de todos los partidos son contestes en los efectos catastróficos que provocaría un eventual triunfo del plebiscito que propone el Pit-Cnt.

Si tratamos de analizar lo que motiva al ciudadano a estampar su firma, solo caben dos interpretaciones: en la más benevolente, que se deja seducir por la idea de jubilarse a los 60 y con base en salario mínimo asegurado, ignorando las consecuencias de esa promesa. Pero en la peor hipótesis, que aplica la ética del “y a mí qué me importa” en relación al futuro inmediato.

Los números brindados recientemente por el ministro Pablo Mieres son contundentes. Provienen de un estudio realizado por técnicos del BPS, con base en la crisis de crecimiento demográfico y la mayor expectativa de vida. Si los uruguayos damos valor constitucional a este dislate, al año 2050 habrá que compensar el déficit incorporando 13 puntos adicionales al IVA. ¿Y a mí qué me importa, dirán algunos, si yo voy a estar viejo? ¡Que paguen otros! Al 2100, se requerirán 21 puntos adicionales a ese impuesto. ¿Y a mí qué, dirán esos mismos, si ya voy a estar tocando el arpa al lado de San Pedro, Lenin y Fidel?

Por eso debe valorarse especialmente que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio y exsecretario general de la central sindical, haya marcado distancia respecto a la iniciativa. Su declaración es un tercer tiro de gracia a la propuesta plebiscitaria, después de aquellos que dieron oportunamente Yamandú Orsi y Mario Bergara, al definirse de manera similar.

El anuncio de Pereira es relevante porque desequilibra clara y favorablemente el posicionamiento del FA sobre el tema. No hay que ser muy perspicaz para comprender que ha sido aconsejado por sus propios técnicos.

Sin duda, la buena performance de la izquierda en algunas encuestas es un aliciente para que abandone el facilismo que metería de lleno al país en la espiral kirchnerista, de la que hoy intentan salir los argentinos con tanto sacrificio y polarización. Ojalá los dirigentes pragmáticos del FA no se descansaran en esa admisión meramente declarativa, sino que además se sumaran a la campaña en contra de la recolección de firmas.

Hay demasiado en juego: juicios contra el Estado por expropiación de los ahorros y eliminación de las AFAPs; caída ineludible del salario mínimo como único recurso para equipararlo a las pasividades; inevitables aumentos de aportes patronales y personales al BPS, que impactarían a la baja al salario real y a la rentabilidad de las empresas, incrementando la desocupación.

Parece cantado que la parquedad actual de los frenteamplistas conscientes permitirá que el Pit-Cnt logre su objetivo, y que hacia octubre pase lo mismo que en otras consultas: aprovechan el talante rebelde para fogonear contra el oficialismo, pero discretamente no ensobran la papeleta.

Sería injusto decir que por no haber concretado esta reforma imprescindible cuando fueron gobierno, se sumaron a la ética del “a mí qué me importa”. En realidad, se limitaron a patear la pelota para adelante, conscientes de que de haberla hecho, hubieran pagado un costo político que ahora el Pit-Cnt y el Partido Comunista le cobran a este gobierno.

Parafraseando a Madame Roland: costo político, cuántos crímenes se cometen en tu nombre.