Ahora que el fragor de la primera vuelta electoral terminó y se viene el balotaje debemos reflexionar sobre por qué importantes sectores del FA y el Pit-Cnt trataron de derogar a través de un plebiscito, la ley de Seguridad Social elaborada con tanto esfuerzo y consultas, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Da la impresión que los estrategas del FA buscan asegurarse de ganar los comicios y generar un efecto pobreza e ignorancia. Cuanto mayor sea la cantidad de personas que se sientan contentos con las dádivas que les proporciona el gobierno y menos educados sean (el declive educativo viene de hace mucho) habrá una base maleable más numerosa frente a la acomodada y mejor instruida. Basta con mirar alrededor en nuestro continente.

El golpe a la confianza del país hubiera sido muy serio de prosperar este plebiscito. Hubiese resultado en una caída de las inversiones que se traducen en dinamismo económico y puestos de trabajo, aparte del encarecimiento y las dificultades para acceder al crédito internacional. El modelo socialista-populista nunca ha dado resultados positivos. Igualar a todos para abajo es la consigna, a excepción de los jerarcas. En gran parte, lo buscado por los impulsores de esta reforma ha sido adueñarse de los fondos en las AFAP y con eso tapar momentáneamente el agujero en el BPS. Muy lindo. ¿Y los dueños de esas cuentas individuales, en las que todos los meses ahorraban los socios de las AFAP? Ah… “se les compensará de algún modo con plata de rentas generales”. Eliminarlas y pasar a manos del Estado 22 500 millones de dólares robados a unos 1500000 trabajadores que tenían dinero suyo en el sistema de capitalización individual. Sin duda, un suculento festín.

De haber logrado el objetivo de derogar la ley de la Previsión Social, la insolvencia del BPS sería inevitable. ¿Lindo lío, no? Los votantes, afortunadamente no apoyaron la iniciativa. Si bien Abdala sigue declamando como si nada, en cuanto micrófono se le ofrece (son muchos) que por otras vías seguirán insistiendo para alcanzar su meta.

¿Qué aspectos molestaban tanto a estos grupos de izquierda? ¿Atrasar la edad de retiro de forma pausada llevándola a los 65 años, como en tantos países que transitan este problema? La realidad se impone y no hay más remedio que reconocerla. La actitud de los ideólogos del plebiscito es parte de las intransigencias habituales, como lo fue otrora, la férrea oposición a la modernización del puerto. Que lo transformó para bien, luego de largos meses de esfuerzo continuado y numerosas interpelaciones, durante el gobierno de Lacalle Herrera. Un hecho trascendente que permitió un gran desarrollo de la actividad en beneficio (trabajo, divisas, etc.) de todo el país.

Lo cierto es que nadie puede ignorar que la gente vive más años mientras la tasa de natalidad en Uruguay se halla por debajo de la de reposición. El promedio de hijos por mujer debería ser del 2.1 solo para mantenerse, pero en la actualidad es de 1.6., al tiempo que la longevidad ha aumentado notoriamente. En 1960 el promedio de vida para las mujeres era 71 años y los hombres 64. En el 2022, en el sexo femenino 81 y en el masculino, 74. Al existir una disminución de los nacimientos sobreviene una menor cantidad de jóvenes cuyos aportes son necesarios eventualmente, para sostener el sistema. En EE.UU. la edad de jubilación es a los 70 años, pero a partir de los 62 se puede pedir una jubilación anticipada de menor cuantía. En la UE es mayoritariamente a los 65 y Noruega tiene la más elevada, 67.

Buena parte del FA no quiere ni aprecia las iniciativas liberales o capitalistas. ¡Como olvidar el obstruccionismo de Gargano a la posibilidad que se nos había abierto milagrosamente, de un TLC con Estados Unidos! Pretenden que todo sea en lo posible, del Estado. Ergo, hay que sacarle el dinero a los que han ahorrado y distribuirlo según su criterio dirigista, entre quienes no lo han hecho o no han podido, en el mejor de los casos.

Una indeseable consecuencia si se hubiera impuesto el planteo de los Abdala y compañía, hubiese sido la pérdida del grado inversor. “Yo no me alimento con el grado inversor”, habría dicho un jubilado influenciado por la propaganda.

La experiencia argentina muestra claramente que ha sido lo contrario. Los fondos confiscados a los argentinos se fungieron en el gran déficit. Los haberes jubilatorios se han reducido de manera substancial luego de la reforma kirchnerista-peronista. Destruir los fondos de pensión privados hubiera sido un error garrafal, ya que entre otras cosas, son una porción importante de nuestro pequeño pero creciente mercado de capitales, el cual participa en la financiación de obra pública, de parques eólicos, de viviendas, etc. El gobierno de Lacalle Pou ha dado buena muestra de ello, con la más grande inversión en infraestructura de la historia. Dato mata relato.