Dos grandes iniciativas de cambio dominan en este momento la discusión política de largo plazo en nuestro país: la reforma educativa y la reforma previsional. 

En ambos casos existe un amplio consenso de que la situación actual no es sostenible y que las consecuencias de la inacción serán muy costosas para las próximas generaciones.

A pesar de ese consenso, ambas iniciativas enfrentan una férrea oposición de una variedad de personas, movimientos e instituciones, muchos de los cuales saben y reconocen (en privado) que son necesarias, en un ejemplo de disonancia cognitiva en gran escala. ¿Qué motiva esta intensa oposición de personas y grupos que en muchos casos tienen poco en común? Y, más importante ¿qué se puede hacer para lograr un mayor apoyo a las iniciativas de cambio?

Es esperable que propuestas de cambio en asuntos complejos y cruciales susciten distintas opiniones. Sin embargo, en la discusión pública no aparecen muchos cuestionamientos concretos o propuestas alternativas. Ambas iniciativas fueron abundantemente discutidas antes, durante y después de su elaboración en foros académicos, encuentros ciudadanos, debates periodísticos y comisiones parlamentarias. También en ambos casos fue y es clara la voluntad de los proponentes de escuchar críticas, recibir propuestas y realizar cambios, algo que han realizado más de una vez desde que fueron presentados originalmente. Son iniciativas sólidas, valiosas y realizables más allá de que sean perfectibles y que como todo proyecto dependen de la calidad de su ejecución.

En mi opinión, una buena parte de la fricción social que generan estas grandes iniciativas de cambio surge de la percepción subjetiva de suma cero. Es decir, la percepción de algunas personas o grupos de que toda reforma que siga una orientación siempre será a expensas de las otras orientaciones posibles. Por esto, sería importante buscar estrategias de cambio que permitan que todas las partes puedan percibir que tienen su oportunidad. Estrategias que permitan superar la dinámica de suma cero por una en la cual las iniciativas no sean a expensas de otras, sino que en definitiva todas puedan hacer un aporte al bien común.

Tomando como referencia la transformación educativa, esto implicaría que ANEP ofrezca una plataforma de innovación educativa en paralelo a la implementación de la transformación educativa anunciada. Sería un espacio institucional que permita a distintos grupos realizar propuestas concretas fundamentadas y ponerlas en práctica de forma supervisada y evaluada asumiendo las responsabilidades correspondientes.

La transformación curricular se implementaría dejando espacios para experimentar en escala limitada con proyectos con otras orientaciones y visiones. ANEP invitaría a presentar propuestas de mejora educativa a implementarse en liceos o conjuntos de liceos públicos con metas acordadas, en especial en cuanto a niveles de aprendizaje y tasas de graduación. Este enfoque permitiría crear una dinámica más colaborativa en los procesos de cambio y experimentar de forma controlada con distintos enfoques pedagógicos y curriculares.

ANEP adoptaría un rol de agencia de innovación, evaluación y promoción de la calidad que le ayudaría a modernizar su funcionamiento y generar una capacidad de análisis, aprendizaje y reflexión. Evaluaría las propuestas de acuerdo a pautas internacionales y autorizaría a que se pongan en práctica de forma supervisada y evaluada. Deberán existir mecanismos efectivos de evaluación de la calidad de los aprendizajes y de protección de los derechos de los estudiantes. Todos los liceos deberían cumplir un programa de estudios nacional mínimo común para todos, pero podrían realizar cambios o agregados más allá de los contenidos y objetivos de aprendizaje obligatorios.

La educación continuaría siendo enteramente gratuita. Cada alumno podría elegir libremente el liceo en el que desea estudiar y cada docente sería libre de elegir en qué liceo desea enseñar. Cada proyecto sería financiado con la cuota parte correspondiente del presupuesto educativo en función de la cantidad de alumnos que elijan cada institución, de manera similar al Fonasa, por ejemplo, (aunque solo entre instituciones públicas). El monto por alumno sería fijado en función del año a cursar y de la extracción socioeconómica de los alumnos, ya que enseñar a alumnos con dificultades de aprendizaje o de entornos familiares carenciados requiere más recursos.

En particular, grupos de docentes de ANEP podrían agruparse en equipos cooperativos autogestionados que se encargarían de la gestión de uno o más liceos públicos para llevar adelante sus propuestas curriculares, pedagógicas y organizacionales. Estos equipos docentes elegirían sus propias autoridades y serían responsables por la gestión integral y la rendición de cuentas de resultados de sus proyectos educativos.

Este enfoque de “innovación abierta” permitiría que coexistan distintas visiones y orientaciones educativas, experimentar de forma controlada distintos enfoques pedagógicos y curriculares, y dar una nueva forma de protagonismo emprendedor e innovador a los docentes.