En cada ocasión en que desde filas de la coalición se hace referencia a un juicio de valor sobre la gestión del Frente Amplio en los 15 años de su anterior gobierno, automáticamente, los portavoces de dicha “fuerza política” saltan airadamente, afirmando que lo que interesa es el presente, tildando de “cortina de humo”, la comparación con el pasado.

El argumento es absolutamente inválido.

En primer lugar, cuando se juzga a una persona por su conducta, siempre se hace sobre lo ya realizado, esto es, sobre su pasado.

Por ello la responsabilidad, tanto jurídica como moral, se reclama contra quién ha realizado una acción prohibida u omitido cumplir una conducta debida, según la ley o la moral

Ambas responsabilidades son individuales, personales del sujeto a quien se le atribuye la falta, por acción o por omisión, y -de regla- subjetiva esto es, que se le imputa al autor, cuando este actuó con culpa o dolo.

Ahora bien, en materia política, la responsabilidad es notablemente diversa.

En primer lugar, la responsabilidad es colectiva y deriva de la existencia de los partidos políticos como instrumento de la democracia representativa.

Esto se genera en la forma de funcionamiento de la democracia: cada tanto tiempo se convoca al Cuerpo Electoral para que elija a sus “representantes”, delegándoles el ejercicio del poder por un tiempo determinado.

Pero la “oferta electoral”, que significa comprometerse a un accionar diligente para alcanzar los objetivos que se le proponen a los electores -expuestos en su “declaraciones de principios” y “planes de gobierno” - no se realiza individualmente por cada candidato, sino colectivamente, por el Partido político a que pertenecen. La responsabilidad, también es del Partido.

Al igual que en la responsabilidad individual, moderan la responsabilidad asumida, las circunstancias ajenas, impredecibles o con resultados imprevisibles, como las crisis económicas externas, los fenómenos naturales, las grandes sequías o las inundaciones, las guerras o las pandemias o, asimismo, la circunstancia política de que el Partido no haya alcanzado la mayoría suficiente para gobernar libremente.

Aquí quien los juzgará, será la ciudadanía, en instancia inapelable, con absoluta discrecionalidad y sin necesidad de fundamentar la decisión colectiva, renovándole el mandato o retirándole la confianza a los Partidos y, junto con ellos, a sus integrantes.

Entre elecciones, se produce el debate público, a propósito de las medidas adecuadas para desarrollar los principios y programas de gobierno de cada Partido, según las circunstancias históricas de cada momento, donde, además, pueden participar tanto los ciudadanos independientes, como los grupos de presión y de interés, que lo deseen.

Claro que en este debate -que en definitiva es parte del discurso práctico racional- los interlocutores deben guardar coherencia, pues no pueden ser contradictorios, y, si cambian, justificando las razones que tienen para ello.

A propósito de este punto, Robert Alexy, probablemente uno de los filósofos contemporáneos que más han dedicado su tiempo al análisis de las reglas de la discusión acerca de la verdad o corrección en el seno de una sociedad libre, fija como las dos primeras reglas fundamentales a cumplir por los partícipes del debate: que “ningún hablante puede contradecirse” y que “todo hablante sólo puede afirmar aquello en que él mismo cree”.

Muchos siglos antes -con el mismo fin- los juristas romanos impusieron, como regla en las relaciones jurídicas - un principio general, bajo la máxima de que “nadie puede ir contra sus propios actos”, pues si se hace, se vulnera el deber de actuar de buena fe.

Y bien, aquí aparece entonces este dato excepcional en la realidad nacional: el Frente Amplio gobernó -con absoluta libertad de acción, con mayoría absoluta parlamentaria- durante los 15 años anteriores al 2020.

Asimismo, durante ese largo lapso, las circunstancias externas imprevisibles les fueron casi todas favorables.

Desde el regreso a la democracia, nunca gobernó el país un partido político que haya gozado de tal libertad de maniobra, y menos aún, por un período continuo tan extenso.

Por lo tanto, el Frente Amplio, debe hacerse cargo no solo de sus acciones sino, además, fundamentalmente -teniendo el poder suficiente para actuar- de todas las omisiones inexcusables en que incurrieron, y no es legítimo que quieran quitarse esa mochila de encima.

Precisamente, por ello, fue que perdieron las elecciones de 2019.

Dos, son a nuestro juicio, las principales razones por las que fracasaron sin atenuantes.

La primera, es que internamente, los sectores de la “fuerza política” divergen entre sí, en materias esenciales de filosofía política. Los socialdemócratas, qué otrora eran la mayoría, tratan de reagruparse y marcar diferencias porque sus votantes se recienten cuando se les mezcla con quienes justifican gobiernos totalitarios y no consideran a las libertades políticas, como un valor que debe ser inexcusablemente garantido.

La segunda, que no se atrevieron ni se atreven actualmente, a confrontar con los sindicatos, que por definición defienden intereses parciales, de un sector de la población -los trabajadores dependientes de cada sector de producción- que por eso no coincide con el interés general.

Por esto, los dirigentes que sólo critican las propuestas del actual gobierno, no cumplen con los requisitos de actuar de buena fe en la discusión pública, tratando de evitar toda consideración de sus propios actos -en particular- sobre sus inexcusables omisiones del pasado reciente.