En estos días fue divulgado el dictamen del fiscal de la Corte. Al prófugo Sebastián Marset se le dio cámara y micrófono. Los usó para mundificar su imagen de narcotraficante confeso y erigirse en modelo para descarriados que reducen a vidriera su destino personal. El contexto indicó públicamente que era verdad lo que venía diciéndose antes de divulgarse la malhadada entrevista: busca que su familiares vuelvan al Uruguay, gambeteando la extradición al Paraguay y la alerta roja de Interpol.

Para ello, el declarante no vaciló en acusar de corruptos a los Estados donde se escondió después que, desde la cárcel de Dubái, logró un pasaporte por comedimiento. En contraposición, extendió certificados de legitimidad para el Uruguay y su Justicia, como si los Estados y los jueces estuvieran sometidos a la opinión de los delincuentes. La respuesta de la República Oriental del Uruguay fue ejemplar.

El presidente Dr. Luis Lacalle Pou, en rueda de prensa, dijo que no había visto la entrevista, pero frontal y rotundo rechazó el pedido de la familia Marset: “El gobierno no negocia con narcotraficantes, eso está meridianamente claro”. Y agregó “No debería ni decirlo.” Y sí: no correspondería que lo dijera, si no fuera que con el actual Código del Proceso Penal se negocian penas y hasta tipificaciones y eso se ha hecho vox populi, por lo cual hizo muy bien el primer mandatario en actualizarnos la conciencia de que el Derecho Penal tiene un imperio incondicionado, donde la transgresión típica impone a los juzgadores el deber indeclinable de perseguir y castigar.

A todo esto, la Fiscalía General de la Nación informó que un emisario del clan contactó a los distinguidos fiscales Dres. Mónica Ferrero, Enrique Rodríguez y Diego Pérez, y que su sobria respuesta fue que cualquier solución tiene que apegarse al Derecho y acatar los tratados internacionales.

Lo cual fue felizmente rematado por el Fiscal de Corte Dr. Juan Gómez, al declarar: “Si hay pedidos de extradición de cualquier persona, mucho más de un narcotraficante, Uruguay va a cumplir con sus obligaciones”, enfatizando que “la Fiscalía General de la Nación no está para hacer acuerdos con narcotraficantes”.

La contestación ha sido tan clara y contundente, que en ella debemos escuchar la voz de la conciencia de cada uno de nosotros y sentir que el alma nacional se nos unifica por encima de partidos, ideologías y conveniencias, porque las drogas enferman y matan y porque el narcotráfico corrompe y asesina. Tres días después de indignarnos por la orquestada invasión narcotelevisiva volvió uno a Facultad, a votar delegado por el orden de los abogados en actividad. Un batallón de espectros me recorría el espinazo: Aréchaga, Couture, Real, Grompone… y tantos. Por retroceso colectivo, el presidente y los fiscales tienen que salir a refrescarnos los principios del Derecho que esos inmortales supieron enseñar, porque es desde ellos que hemos de derrotar la impudicia criminal que nos azota.

Y viviendo por dentro las voces de los Maestros, salí por Eduardo Acevedo con una dulce seguridad: sin pantalla y sin marketing, son legión los luchadores por el Derecho, que en el Uruguay nos han dado hasta mártires.

Sus banderas valen infinitamente más que la pinta televisada de un “citrullo” refundido, valga la expresión de otro inmortal, Edmundo Rivero.