Quienes vivimos en Uruguay, como decía Ignacio de Posadas en una de sus columnas en El País, pensamos que en Uruguay se rechazan instintivamente los cambios y preferimos -en la medida de lo posible-, “no hacer olas”, quizá en sintonía con nuestra geografía suavemente ondulada.

Sin embargo, a veces hay cambios estructurales que alteran la realidad social. Cambios audaces y trascendentes que no tienen marcha atrás. Pero eso sí, los hacemos como quien no quiere la cosa, sin llamar la atención, porque los uruguayos somos así: nos conocemos todos y cada paso que damos es advertido por los otros.

Quizá debido a esa idiosincrasia, desde la independencia hasta fines del siglo XX, junto con Haití, Uruguay tuvo el “raro privilegio” de tener una única universidad estatal, que fue referente para el resto del continente y que, por ejemplo, entre sus muchos méritos, fue la primera universidad en América Latina en impartir la carrera de ingeniería de sistemas. Allí estudiamos todos los que cursamos estudios universitarios hasta que, en 1984, se aprobó un Decreto Ley que equiparó con idéntica validez a los títulos otorgados por la Universidad de la República con el de las universidades privadas.

El papa Juan Pablo II -que visitó el Uruguay dos veces: del 31 de marzo y 1º de abril de 1987; y del 7 al 9 de mayo de 1989- ya se había interesado para que el gobierno de la época aprobara una universidad católica en el Uruguay. Existía como antecedente la resolución del 26 de enero de 1876 en el Siglo XIX, refrendada por el presidente Pedro Varela y siendo ministro Tristán Narvaja, que había acordado la autorización solicitada por monseñor Mariano Soler para erigir como “universitarios para los efectos legales” los cursos que impartía el Liceo de Estudios Universitarios. Pero esta institución tuvo que cerrar sus puertas a los diez años, en 1886, en virtud de reacciones de orden filosófico que no viene al caso comentar aquí.

Tuvo que pasar un siglo para que la Concertación Nacional Programática (Conapro), tuviera un papel esencial para que se diera -a mi entender- el cambio más importante del siglo XX y que se desarrolla con vigor en la presente centuria.

Entre setiembre de 1984 y febrero de 1985, los candidatos de los cuatro partidos políticos que se presentaron a las elecciones nacionales de diciembre de 1984, ratificaron su apoyo a la Concertación al suscribir un documento donde valoraban a la Conapro como una importante instancia de diálogo democrático.

A fines de 1984, en el Sector de Enseñanza de la Conapro se consideró el Decreto Ley 15.661 y el Decreto 334/84 del gobierno militar por el cual se autorizaba el funcionamiento de la Universidad Católica (Ucudal) y, luego de recibir a representantes del entonces Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras (hoy Universidad Católica), se resolvió por unanimidad de presentes del Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Nacional, FEUU y delegación de docentes, impulsar la derogación de tal Decreto. No estuvo la Unión Cívica.

Pero fue quien presidía la Mesa Ejecutiva de la Conapro, el escribano Eduardo Pérez del Castillo, en representación de la Unión Cívica, el partido más pequeño que se presentaba a las elecciones de 1984, quien cuando llegó a esa instancia definitoria el informe de la Subcomisión del Sector Educación, no hizo el consenso necesario para que el Decreto Ley que creó las universidades privadas, fuera derogado o dejara de existir.

En marzo de 1985, una vez instalado el régimen democrático, se aprueba la Ley de Convalidación N° 15.738/85, por la cual los actos legislativos de la dictadura, que incluye el Decreto 343/84 y el Decreto-ley 15.661, quedan convalidados, adquiriendo el valor de leyes nacionales.

Y así, sin estridencias, como suceden los cambios trascendentes en Uruguay, quedó vigente la ley que creó las universidades privadas cuyos títulos tenían idéntica validez que los expedidos por la Universidad de la República. Instalado el régimen democrático, la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga (UCU) inició en 1985.

La reglamentación de la ley de universidades tuvo lugar en la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000), siendo ministro de educación Samuel Lichtensztejn. La reglamentación estableció que podían expedir títulos universitarios las universidades privadas, que debían abarcar al menos tres áreas del saber, y los institutos universitarios que podían abarcar una o dos. En ese período se aprobaron la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo (UM) y la Universidad de la Empresa (UDE), que se sumaron a la Universidad Católica. En 2018 se aprobó como universidad el Claeh. También se aprobaron más de diez institutos universitarios que emiten títulos universitarios en áreas específicas. Recientemente, la ANEP ha definido presentar sus carreras de Formación Docente al reconocimiento del nivel universitario que otorga el Ministerio de Educación y Cultura.

Hoy, después de 40 años de existencia de instituciones universitarias privadas, conviviendo y trabajando en armonía con la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica Nacional (UTEC), creada en 2012, rompe a los ojos de quien quiera verlo, que en Uruguay tuvo lugar una “revolución cultural” para gran bien del país, de su cultura y de su diversidad educativa, que nos posiciona de igual a igual con el resto del mundo ampliando la oferta universitaria para los uruguayos y personas de todo el mundo que vienen a estudiar a nuestro país.