En las últimas semanas, se ha intentado instalar un relato falso sobre la seguridad, atribuyéndonos caos y retrocesos, cuando los datos cuentan una historia completamente distinta. La seguridad es un tema demasiado serio como para ser utilizado con fines políticos, y es inaceptable construir gestión sobre mentiras.

Los homicidios, que crecieron un 108% durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en los últimos cinco bajaron un 4,3%. Les guste o no. Es cierto que no es suficiente, pero la tendencia cambió.

Si comparamos períodos, comparemos con honestidad. O tendrán que aceptar que los 15 años del FA fueron los más violentos en la historia del país.

No solo los homicidios disminuyeron. En el último quinquenio, las rapiñas bajaron un 40%, el abigeato un 60%, el robo de vehículos un 19% y los hurtos un 24%. Decir que todo fue un desastre no solo es falso, sino que demuestra un profundo desconocimiento o una intención deliberada de manipular la realidad.

El nuevo gobierno anuncia que tendrá un plan de seguridad listo para 2026. ¿Cómo es posible que un partido que gobernó 15 años necesite otro año para tener un plan?

Preocupa mucho cuando caen en errores inmensos. Revisemos algunos. Se habla de “reinstalar” el PADO, cuando en realidad nunca dejó de funcionar. Durante nuestra gestión, pasó de ser un recurso limitado al área metropolitana a convertirse en un programa dinámico con despliegue en todo el país.

Lo mismo ocurre con Pelota al Medio a la Esperanza: en 2019 tenía un presupuesto de un millón de pesos, en 2024 se elevó a 25 millones. Dicen que lo van a “potenciar”, pero parece que planean reducirlo: dicen que van a atender a 4.300 niños cuando en 2024 eran 13.000.

Respecto a los operativos de saturación, el FA los criticaba antes de asumir, diciendo que eran solo momentáneos y propios de nuestra gestión. Sin embargo, nunca fueron operativos de saturación, sino operativos de intervención, donde permanecíamos en el territorio.

Los operativos de saturación fueron los operativos del FA de Bonomi, pero ahora, después de criticarlos, anuncian que los van a implementar. ¿En qué quedamos? ¡No se entiende!

En cuanto al endurecimiento de penas, rechazaron la LUC por considerar que criminalizaba la pobreza y aumentaba penas de manera innecesaria. Ahora anuncian nuevas penas para el tráfico de armas y las estafas. La incoherencia es evidente.

En la gestión pasada se firmó un acuerdo con el INE y la academia para auditar datos y diseñar políticas basadas en ellos. Se creó el Libro Blanco del Sistema Carcelario, con información detallada pero... hablan de “trabajar en base a evidencia” como si no se hubiera hecho y fuera una novedad.

Uno de los ataques más insistentes ha sido sobre la situación carcelaria. Los datos muestran que durante la gestión pasada bajaron los homicidios, los suicidios y las fugas en las cárceles. Y lo más importante: no hubo un solo motín, algo que antes del 2020 era prácticamente habitual, con módulos enteros destruidos.

Se ha repetido que la Ley de Urgencia provocó que más mujeres fueran presas por ingresar droga a las cárceles. Esto es falso.

La realidad es que muchas de estas mujeres están hoy más involucradas en la venta de drogas porque, cuando sus parejas van presas, ellas toman el control de los puntos de venta.

Otro relato que intentan instalar es que van a incentivar a que la gente haga denuncias, anticipando que esto hará crecer las cifras. Es un intento premeditado de justificar un posible aumento de delitos, argumentando que antes la gente no denunciaba y ahora sí lo hará.

Este argumento no solo es engañoso, sino que ensucia el trabajo policial. La Policía de hoy es la misma de años anteriores. Decir que antes no tomaban denuncias y ahora sí implica acusarlos de haber sido cómplices de un ocultamiento de cifras.

No se puede ensuciar a toda una institución solo para justificar un relato político.

Hasta 2019, las denuncias realizadas al 911 no impactaban automáticamente en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. En 2020, se implementó un sistema donde toda denuncia ingresada al 911 impacta directamente en el sistema, garantizando su registro y respuesta. Esto permitió visibilizar mejor los delitos y dar transparencia a las cifras.

El ministro Carlos Negro estaba presente cuando presentamos la Encuesta de Victimización. Los datos muestran que la tasa de denuncia en 2016 es idéntica a la actual, de 27%, lo que desmiente la idea de que antes se denunciaba más.

Ambas encuestas, la del 2016 y la del 2024 arrojan el mismo resultado: el nivel de no denuncia no ha cambiado.

Es preocupante que, en lugar de centrarse en construir soluciones, se dediquen a desinformar y distorsionar la realidad. Ya asumieron. Y en seguridad, nos jugamos la vida. No se puede hacer la plancha un año sin plan de seguridad, simplemente mintiendo sobre lo que se hizo. En los temas serios, menos que en ninguno: no vale mentir.