Mientras que el presidente Orsi en este primer mes de gestión se ha parecido demasiado al expresidente argentino Alberto Fernández, a quien en su momento calificó como un político Clase A, el ministro de Trabajo anuncia recortes al derecho de propiedad privada con normas para la ocupación de fábricas, la vieja consigna trotskista. Bandera roja para potenciales inversores que crean fuentes de trabajo y generan desarrollo, y más, puede transformarse en un fuerte motivo para ahuyentar a empresas ya instaladas.

Cada ministro va acomodando el cuerpo y ajustándose al relato: hay que hablar del “desastre” anterior y sumar investigaciones judiciales y auditorías. Habrá que esperar que Orsi use la lapicera para despejar el panorama.

En tanto, en otro terreno, se percibe un deterioro creciente de la Justicia y mejor dicho, para no ser injustos, en el accionar de muchos fiscales; no todos por suerte. Ya venía de antes, aclaro.

Es el real peligro. Es muy mala la judicialización de la política y que los políticos recurran a sus instrumen- tos para dirimir sus problemas. Pero ¡cuidado!, después los jueces pasan a “cogobernar” o más.

Peor aún es una politización de la justicia. Cuando los funcionarios se transforman en militantes políticos se acabaron las garantías y se va camino al autoritarismo y el totalitarismo.

Todos se rasgan las vestiduras: hablan de conspiraciones o de que “hay que dejar actuar a la Justicia”, según cómo les toque. Hoy, con voz engolada, popes de Frente hablan de respeto a la Justicia y se olvidan de lo que decían cuando lo de Leal o lo de Carrera, por ejemplo. El mismo Orsi al ser denunciado de entrada habló de “que era parte de una operación política”. Y dijo más, pero luego calló y dejó el tema al abogado Jorge Díaz, quien desde “La huella de Seregni” pidió cambio de fiscalía y dijo que la fiscal actuante no le daba garantías. Esta lo calificó de “destemplado”. Los hechos y cómo se resolvió el caso no dan pie a las dudas y reclamos de Díaz.

Y la fiscal Stella Alciaturi: ¿le da garantías? Esta, de hecho y mas allá de la decisión de una jueza, decretó una semiproscripción -¿o no?- del exintendente y candidato Guillermo Besozzi y lo mandó a detener y a esposar. Es una militante política han denunciado los blancos, con pruebas que son contundentes ¿o no? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Sigue como fiscal? Pregunto por aquello de que en casos de jueces y fiscales, que deben cuidarse de prejuzgar, no basta con serlo sino que también tienen que parecerlo.

Y el caso Carrera, al que se le ha tratado mejor que a Besozzi, es otro tema a mirar con lupa: la presión es mucha, de todo tipo. Como ya he escrito en otros casos, tampoco en este quisiera estar en los zapatos de la fiscal Silvia Porteiro, que pidió el desafuero de Carrera y explico por qué y ahora tiene que resolver si “formaliza” o si no pasó lo que pasó. Y está el tema de la libertad de expresión. Siempre rebota para ese lado. Ni que se diga ni que se investigue ni que se critique. Paralelamente se manipula información.

Hay temas pendientes como el caso del periodista Alfonso Lessa, hostilizado y amenazado tras hacer un informe sobre el caso Feldman; aquel que tenía un arsenal en su casa. Todos fueron denunciados a la Fiscalía en defensa de la libertad de prensa, la protección de las fuentes y el derecho de los ciudadanos a saber lo que pasa.