En forma más sutil y menos estridente, el tema del Estado y qué hacer con él, empieza a aparecer en la campaña para las internas.

No se habla de reformas contundentes que reduzcan el Estado a su mínima expresión o lo privaticen en su totalidad. No hay un debate como el que se planteó en los años 90, pero sigue preocupando y aparece en algunas propuestas de los precandidatos coalicionistas. No así en las del Frente Amplio, que con ideas propias y eventualmente forzados por el mamarrachesco proyecto jubilatorio que impulsa el Pit-Cnt, lo que quieren es que les pese más a los uruguayos cargar con el Estado.

Todo esto en un contexto en que un estudio difundido en estos días establece que Montevideo es la ciudad más cara de América del Sur. Lo cual puede servir de advertencia a los turistas que lleguen a estas costas pero es algo bien sabido por los uruguayos. Vaya que lo sufren.

Las propuestas coalicionistas van entre bajar sustancialmente el número de empleados públicos a tomar medidas que reduzcan regulaciones y papelerío burocrático y de ese modo bajar costos.

Ajeno a estas propuestas, Carolina Cosse promete crear 30.000 nuevos puestos de trabajo que además, no serán como el plan de “jornales solidarios” (aplicado como solución de emergencia por este gobierno en el peor momento de la pandemia), sino algo que ofrezca “mayor estabilidad”: es decir, el tradicional empleo público inamovible.

Preguntarle a la precandidata frentista cómo lo hará, resulta ocioso. Como presidenta de Antel, ministra e intendenta Cosse demostró que puede derrochar hasta el infinito, recursos que no son suyos. El Antel Arena es un ejemplo así como son los gastos en megaespectáculos en Montevideo, pese a que la mugre en la capital es un asunto que se agravó durante su gestión como intendenta.

Tanto Álvaro Delgado del Partido Nacional como Gabriel Gurméndez del Partido Colorado hablan de una reducción notoria de empleados públicos. Delgado dice que habrá 15.000 menos. Gurméndez sostiene que lo hará sin afectar derechos adquiridos. Propone retiros incentivados y no reponer vacantes.

Delgado tiene claro que no se trata de que haya menos médicos, policías y maestros, sino personal administrativo; los que trabajan en los farragosos papeleos y ponen sellos para expedientes surrealistas, los que detrás de algún mostrador entorpecen los procesos burocráticos.

Estas ideas son afines a lo que expuso el presidente Luis Lacalle Pou, en un encuentro en Buenos Aires hace dos meses, cuando habló de la necesidad de que haya un “Estado fuerte aunque no grande”. Uno concentrado en lo que hay que hacer sin asfixiar a la economía en manos de los que arriesgan y emprenden.

Es fastidioso escuchar en cada Rendición de Cuentas, las repetidas consignas de “más para la educa-ción” o para la salud o para lo que cada organismo pretenda.

Esas consignas no reclaman inversión en nuevas tecnologías para las escuelas, los hospitales o las dependencias policiales. Tampoco quieren mejores sueldos para maestras capacitadas, o médicos y jueces de altísimo nivel. Quieren más recursos para empleados que simplemente llenen escritorios. Tampoco piensan en pedir más para los guardianes de plaza, los barrenderos, los que mantienen en buen estado calles y rutas. Solo piden para los burócratas.

Reducir empleos públicos será un largo proceso. Basta recordar el lento pero sostenido recorte que hubo desde que volvió la democracia hasta que ganó el Frente Amplio. Fueron 20 años de trabajo constante y decidido.

No sirvió de nada: ni bien llegó el Frente Amplio al gobierno, el número de empleados públicos empezó a subir hasta sobrepasar los que había en 1985 cuando retornó la democracia.

Por eso es interesante la propuesta de Laura Raffo, dirigida a bajar cuanto antes lo que ella llama el “Uruguay caro” y propone disminuir trámites innecesarios, y recortar el exceso de regulaciones absurdas y repetidas, que para las empresas, chicas y grandes, representan costos enormes que encarecen sus productos.

Esa es una de las deudas de esta administración. Había cierta expectativa de que el gobierno empezaría a aplicar esa sensata política (fue un reclamo fuerte de muchos productores rurales) y ello no ocurrió. Es verdad que otros logros, en lo económico y en lo productivo, fueron positivos para la marcha del país, pero este aspecto no fue debidamente atendido.

En definitiva, el Estado sigue siendo un problema. Al contrario de la fórmula lanzada por Lacalle Pou, es enorme pero a la vez es débil, entreverado e ineficiente.

Por eso, alarma que desde el Frente se proponga crear más empleos públicos y subsiste el temor de que, de aprobarse la reforma constitucional del Pit-Cnt, secundada por sectores importantes del Frente, Uruguay se vuelva inviable y el retroceso irreversible.

Nadie quiere decirlo con mucha estridencia, esto nada tiene que ver con los años 90, pero el tema de qué hacer con el Estado sigue sobre la mesa.