La proyectada ley de Medios sigue su camino, arrastrando un artículo que nunca debió estar allí. Fue votada en el Senado, como resultado de una transacción complicada en la que Cabildo Abierto pidió su inclusión como condición para apoyarla.

Se trata de un proyecto sobre el que se viene trabajando hace tres años y por lo tanto algunos legisladores, al ver que ya estaba a punto de salir, entendieron que no se podía retroceder y arruinar tantos años de trabajo “por un solo artículo”.

Sí, pero vaya artículo resultó ser. Porque en su esencia, desde el Estado dicta a los medios audiovisuales cómo hacer su trabajo. Eso, en una democracia donde rige la libertad de prensa, expresión y opinión, es inadmisible. La semana pasada, en estas mismas páginas, Danilo Arbilla argumentó sobre este tema con su habitual lucidez.

El proyecto volvió a Diputados. Allí, la Coalición deberá ver si mantiene lo acordado o no. De hacer esto último, será la Asamblea General quien dé la palabra final. Si no hay cambios, llegará al presidente para su promulgación. Hay quienes albergan la esperanza de que en esa instancia, Lacalle Pou vete el artículo.

El problema es que hay otros proyectos (entre ellos el Tratado de Patentes) que son claves para el gobierno y para los que es preferible no contar con un Cabildo despechado. Las prioridades se cruzan. Por un lado aquellas que urgen soluciones pragmáticas para impulsar el desarrollo del país (y la mejor calidad de vida de la gente) y por otro un asunto de principios, pero que hasta que no sean puestos a prueba podrían resultar algo abstractos.

El agregado que le hizo Cabildo Abierto dice que “los servicios de difusión (...) tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral”.

Parece obvio que los noticieros deberían ser equilibrados e imparciales. ¿Pero a quién corresponde vigilar si lo dicho o discutido en un programa es o no parcial? Ciertamente no a un gobierno.

Es un contrasentido, asimismo, sostener que espacios en que se emiten “análisis, opiniones y comentarios”, sean equilibrados e imparciales. Una opinión es una opinión y parte de la premisa del “a mí parece que”. Ese parecer, por fundamentado que sea, necesariamente será personal y quizás no imparcial.

El agregado de Cabildo termina con algo aún más arbitrario: “Quedan exceptuados de esta disposición, los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”. Ellos sí pueden decir lo que se le antoje, pero no los periodistas.

La coartada de algunos para votarlo es que el ar-tículo será “inaplicable” y no pasa de ser “un saludo a la bandera”. Hay sobradas pruebas de los desastres dejados por anteriores “saludos a la bandera”, lo que hace que el argumento carezca de sustento. Y aquello de que es “inaplicable”, está por verse: si bien el texto no establece medidas coercitivas, queda latente la amenaza de que alguien, amparado en la ley, encuentre la manera de imponerse. Solo así como está redactado, será un recordatorio de que ciertos límites no deben pasarse.

Soy de los que piensan que el periodismo (aquí y en otros países) perdió parte del rigor profesional y el orgullo de ser independiente que lo caracterizó en un pasado no muy lejano. El surgimiento del llamado periodismo de panelistas permite que la información rigurosa y la opinión tendenciosa se mezclen y confundan. A eso se agrega el fortalecimiento del periodismo militante.

En ese contexto, es lícito que un político aludido salga al ruedo a título personal y responda (no acalle) con firmeza, pues en el terreno de la opinión el debate es parte de la cosa.

Distinto es cuando desde el poder se busca obstaculizar una investigación seria y profesional y se amenaza al periodista que lo hace.

Diferenciar al periodismo militante del profesional, riguroso e independiente, sirve para saber qué rol cumplen unos y otros. Aun así, en una democracia el principio constitucional de libertad de prensa, expresión y opinión (sea buena o mala, correcta o equivocada), ampara a todos.

Por eso urge eliminar ese artículo. Y los legisladores que lo promovieron deberían repasar lo aprendido en sus cursos liceales de educación cívica.