Debieron transcurrir varias décadas para que madurara el concepto básico de que la conservación y la sustentabilidad van de la mano de la economía. No se puede concebir una nación o una región que despliegue una economía sana, equilibrada y sostenible en el tiempo, si no respeta y aplica con férrea decisión los principios fundamentales de la conservación de los ecosistemas y biomas. En ellos se apoya toda su construcción.

Esto que parece conceptualmente tan básico ha “brillado por su ausencia” desde que comenzaron a pronunciarse los discursos en las cumbres ambientales mundiales, desde 1972.

La real desconexión ha estado en que “del dicho al hecho hay un gran trecho”, o sea que en el despliegue de las políticas públicas, en la organización efectiva de un gobierno, el que tiene la última palabra es el Ministerio de Economía, por la sencilla razón de que es el que asigna o no los recursos, decide qué beneficios se darán, etc.

Y hasta ahora la perspectiva ambiental, a pesar de tener directos impactos en la economía de los países, ha estado lejos de formar parte de las estrategias de crecimiento de los países.

La realidad siempre termina imponiendo su lógica. Por primera vez, el gobierno uruguayo internaliza la política ambiental en la política económica nacional, pasando decididamente de las palabras a las acciones.

Pero esto no ocurrió porque cuente con jerarcas con convicciones personales -como siempre los hubo-, sino porque se trata de la conclusión lógica que marcan los hechos de nuestro tiempo, y entonces el sentido común actúa en consecuencia.

Nuestro país, al igual que el resto, en los últimos tiempos ha asumido voluntariamente una serie de compromisos ambientales vinculados a la crisis climática que ameritan esfuerzos y transformaciones en rubros claves como el energético, la producción, el transporte, el comercio. Pero, sin un decidido involucramiento de la secretaría de Estado que administra los dineros públicos, seguiremos transitando solo en el mundo de las buenas intenciones.

Por eso debemos destacar lo que sucede en Uruguay. La ministra Arbeleche lidera una política innovadora en la materia. Se han creado productos financieros en los que el endeudamiento que le cueste al país está relacionado con la conducta ambiental que se ha comprometido a desplegar. En similar dirección se lanzaron bonos.

Pero allí no se detiene este impulso innovador. Se está proponiendo a los organismos internacionales que se premie a los países que tienen un buen desempeño (bajar costo de financiamiento, dar ventajas comerciales, etc.), y no solo se penalice las malas conductas ambientales. En ese sentido la ministra Arbeleche ha mantenido conversaciones con la Organización Mundial de Comercio (OMC) proponiendo que los países que tengan buena conducta ambiental, reciban beneficios en materia comercial, es decir, mayor y mejor acceso a los mercados. Son estímulos que pueden transformarse en motores de una nueva modernidad. Confiemos en que estas buenas ideas se tomen en cuenta.

Estamos convencidos de que se trata de un cambio cualitativo asumido por esta administración, que está marcando un nuevo rumbo; ahora sí con direcciones claras y concretas hacia la sustentabilidad nacional.