Si hay algo ingrato es pensar tema para una columna que se publica un 24 de diciembre. ¿Qué le interesa a la gente por estas fechas? ¿Qué noticia relevante hay? Caer en el clásico “balance” es casi tan divertido como ir a hacer compras en las horas previas a Navidad. Aunque mucho más seguro, eso sí.

Pero hubo una noticia en esta última semana de vida “normal” en Uruguay que puede parecer muy de nicho, pero tiene un impacto general. Y permite ver algunas contradicciones muy llamativas en ciertos actores políticos.

Es que, finalmente, el Parlamento aprobó esta semana una ley que busca apoyar a los medios periodísticos en Uruguay. El proyecto, que fue impulsado en un principio por el amigo Ricardo Peirano en tiempos del segundo gobierno de Vázquez, implica alivios tributarios y de cargas sociales para las empresas cuyo principal rubro es el periodismo. Un rubro que viene enfrentando una sangrienta transición digital, que ha perdido cientos de puestos de trabajo, y que si bien todos suelen llenarse la boca con el rol clave que cumple en la democracia (y quejarse de su bajo nivel actual), nadie hacía nada para apoyarlo.

Lo primero que cabe decir es que el proyecto se votó gracias al empuje del presidente Lacalle Pou, y de Álvaro Delgado. Y en un gobierno que, pese a lo que alega algún malintencionado, no fue para nada favorecido por el sistema mediático en estos años.

Un segundo aspecto a destacar es que el proyecto es genérico, o sea que beneficia a todos los medios, sin discriminación ideológica alguna. Algo mucho más sano que los tejemanejes con la publicidad oficial o con ciertos subsidios. Y que beneficia directamente a quienes tienen más periodistas trabajando en forma regular.

Por último, la ley salió pese al voto en contrario de la bancada del FA, que al parecer no cree en este tipo de exoneraciones, y “preferiría apoyar de otras formas”.

Algunas personas nos han increpado en algún momento, el hecho de defender posturas liberales, y luego pedir apoyo en momentos complejos. La verdad es que cada país, al menos en Occidente, ha buscado la forma de apoyar a sus medios de prensa en esta transición de acuerdo a su forma de organización política.

En EE.UU. es capitalismo puro y duro. No hay apoyo alguno del Estado, pero los impuestos son ínfimos, y hay un mercado de capitales de riesgo que ha permitido el surgimiento de decenas de nuevos medios. El mercado ha decidido implacablemente quién vive y quién muere. En Europa son los estados los que apoyan con subsidios, créditos culturales y beneficios de todo tipo. Esto ha sido eficiente para salvar a muchos medios, pero ha frenado un poco la innovación. En Uruguay, hasta ahora, vivíamos en el peor de los mundos. Ni chicha ni limonada.

¿Por qué es importante tener un sistema de medios sano y pujante? Porque un sistema así, más allá de informarle sobre lo bueno que es el magnesio o las semillas de chía, ejerce un rol de contrapeso del poder. Cuando ese sistema está débil, cuando tiene pocos periodistas, poco formados, y que ven el mundo sentados frente a Twitter, toda la estructura rechina. Aparecen candidatos “tik tok” y despatarran el sistema, la política se vuelve un concurso de insultos que es lo que premian las plataformas, operadores sin escrúpulos marcan la agenda, y las empresas turbias se salen con la suya repartiendo cuatro migajas.

Hay algo que a veces cuesta decir, porque va en contra de nuestra falsa humildad tan “yorugua”. Pero Uruguay tiene el sistema político y de debate público más sano del América Latina. Mire que lo conocemos muy bien. Y vale la pena protegerlo de ciertas influencias que ya revolotean en nuestro país.

Dicho todo esto, medidas de exoneración de aportes suelen ser cuestionadas por algunos dirigentes políticos, sobre todo en momentos de debate por la reforma de la seguridad social. Hace poco, Marcelo Abdala era cuestionado sobre si tenía alguna cifra del costo de su proyecto de reforma constitucional al respecto. Dijo que no (!). Pero alegó que si se eliminaban “perforaciones” el sistema se financiaba solo. Eso es falso, pero implica un tema más grave.

Es pensar que un empresario cuando contrata a un trabajador calcula por un lado el salario, y por otro el costo empresa que significan las cargas sociales. Se la hacemos bien simple: imagínese que tiene un quiosco y lo trabaja usted de 9 a 17. Un día calcula “capaz que si abro toda la noche, gano más plata”. Pero para eso tiene que contratar un empleado, y hay que ver si después de pagarle le queda una ganancia. ¿Usted cree que no mete en la ecuación lo que le sale de cargas sociales? ¿Que no hace esa cuenta a ver si le sirve contratar a alguien?

Es obvio que sí. Y sin embargo, hay dirigentes muy importantes que no lo ven. La pregunta es ¿no se dan cuenta? ¿O lo ven, pero dicen otra cosa por interés partidario? ¿Qué es peor?

Feliz Navidad.