El primero de Marzo, el actual gobierno cumplió tres años de gestión, un lapso suficiente para poder calificar su desempeño. Aún cuando no sea nada sencillo hacerlo atendiendo a los múltiples factores que se conjugan para lograrla. ¿Interesa solo la economía, o debe complementársela con los avances sociales de carácter retributivo? ¿Cuánto importan en ella los logros democráticos, aquellos que permiten convivir en un clima de libertad y confianza, lejos del acecho de un estado paternalista o sencillamente dictatorial? ¿Qué decir de la seguridad pública, que en muchos gobiernos se consigue al precio de restringir las libertades ciudadanas? ¿Cómo estimar el impacto de factores menores, casi pirotécnicos, como la corrupción de alguna figura pública, cuyos efectos suelen ser más profundos de lo que deberían. Todo ello sin considerar el patrón de medida, muy diferente si una gestión se valora por su distancias al socialismo (como hacen los gremios en el Uruguay) o por su contribución a un estado capitalista-reformista, como pretende la actual administración.

Esta mirada ideológica hace muy complejo un juicio objetivo sobre la labor de la administración. En una reciente medición de Opción Consultores el Presidente éste obtuvo una adhesión general del 44%, sin embargo cuando se reduce esta estimación al pronunciamiento de sus adversarios frentistas, ella disminuye a menos de un 12%. Como si se evaluaran afinidades partidarias y no comportamientos políticos. Esto obliga a admitir que estas valoraciones tienen contenidos sentimentales y muy escasa racionalidad. Por eso puede admitirse, tal como lo hace el 44% de los encuestados y una porción de los desinteresados, que la gestión gubernamental durante este trienio fue relativamente buena. Una aprobación que crece cuando consideramos las complejas circunstancias que el país sobrellevo en el período y las especiales debilidades de la laxa coalición que las enfrentó.

El gobierno comenzó su marcha el primero de marzo de 2020, y a los pocos días debió anunciar el comienzo de una pandemia, que, con menor incidencia, hoy perdura. Sus efectos, además de los sociales y sicológicos derivados del encierro, tuvieron en el mundo claros efectos económicos, con rebajas en el PIB, que superaron el 10% del mismo. Esto no ocurrió en el Uruguay que durante estos últimos tres años mejoró el producto, hizo lo propio con el empleo y está en vías de superar el monto de los salarios anteriores a la pandemia. Paralelamente impuso mejoras en diferentes terrenos de su administración a través de la LUC. Abocado a esta tarea, sufrió las consecuencias de una guera que nadie esperaba, enfrentando un inflación creciente en el mundo. Como si no fuera suficiente atraviesa una inédita sequía, que dificulta su desarrollo en todos los terrenos.

Aún le resta un año y diez meses de gestión, en ese lapso deberá atender dos temas de enorme incidencia para el destino del país: la transformación educativa y la reforma jubilatoria. Aún no sabemos si conseguirá aprobarlas. La oposición cerrada a cualquier cambio que ella no conduzca, soñando con un modelo que ha fracasado en el mundo, no moverá un pelo para lograrlo. Todo dependerá de la fortaleza de una coalición que emite señales confusas. Superarlas es el desafío para lo que resta de gobierno.