El próximo 27 de octubre nos enfrentamos a un doble desafío, el tradicional de la elección de un gobierno y otro, inesperado, de naturaleza existencial. Usamos esas palabras en su sentido cabal porque esa noche puede producirse un cambio sustantivo en lo que significa el Uruguay en términos de seguridad jurídica, de nivel de empleo y en la imprescindible credibilidad que alienta al compatriota o al extranjero a invertir y poder crecer.

El tema es que si luego de 28 años de impecable funcionamiento del sistema de ahorro voluntario, el Uruguay elimina las AFAP y confisca los 23 mil millones de dólares que son propiedad de los trabajadores, se termina ese país de las reglas de juego claras. Ese país de la previsibilidad que hemos estado predicando con mis colegas Mujica y Lacalle ante foros nacionales e internacionales. No le podemos poner más la cara a una platea de argentinos o brasileños, los primeros inversores en Uruguay, cuando nos deslizamos por la misma pendiente que instauró el kirch-nerismo en 2008: liquidó las AFAP, apañó los fondos que administraba, los dilapidó con criterio electoral y terminó generando una crisis en la que los jubilados son las mayores víctimas.

Lo increíble es que se proponga derogar la prudente ley de reforma que se hizo en este gobierno, cuando durante el anterior, tanto el Presidente Dr. Vázquez, como el ex Presidente Mujica o el Vicepresidente y Ministro Astori fueron categóricos en sostener que había que hacerlo para darle de nuevo sustentabilidad al sistema. Lo dijeron en el 2019, en el 2020, en el 2021. “Uruguay no puede seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado y suprimir el sistema mixto; sería recorrer el camino opuesto a lo que se necesita en el país”, decía Astori ya en julio del 2018. En estos días, para no agregar los innumerables testimonios de gente de izquierda que señala el salto al vacío que se propone, aparece la carta de los 112 economistas que son rotundos en afirmar los “impactos negativos inmediatos sobre la capacidad del Estado de destinar recursos a otras políticas prioritarias” o que se “termina castigando a los trabajadores de menores ingresos por sus efectos sobre el salario mínimo nacional sin cumplir con la promesa de mejorar a futuro las pasividades mínimas”.

Todas estas expresiones, se basan en la obviedad de que vivimos más años y en consecuencia el sistema se recarga con mayores erogaciones. Cuando se fijaron los 60 años hace un siglo, la esperanza de vida a esa edad no llegaba a 10 años, cuando hoy -y por suerte- es de 21. Por eso en el mundo entero se ha fijado la edad en 65 años (o más) y aquí mismo, en Uruguay, ya es de hecho 63 años como promedio. Que se pidan 65 años en 2042 a quienes nacieron a partir de 1977, es un cambio bien gradual. Amén de que a partir de los 63 años también pueden jubilarse si tienen cierto nivel de tiempo de aportación.

Lo preocupante es que si bien la fórmula presidencial del Frente Amplio ha dicho en voz baja que no está de acuerdo con la propuesta, la “libertad de acción” que declaró para sus integrantes ha terminado en que los proponentes agravian a quienes opinan distinto y terminan silenciándolos. Un partido con aspiración de gobierno no logra definirse claramente en un tema que representa la mayor parte del presupuesto del Estado. A lo que se añade que, de ganar la elección, cualquiera sea el resultado del plebiscito constitucional, el Frente debería encarar, obligado por su programa, una reforma parecida a lo que se propone. Aun sin convicción, tendría que introducirse en un camino en el que no creen sus dirigentes por su debilidad frente a la exigencia sindical.

Desde ya que es una atrocidad fijar en el texto constitucional elementos de por sí variables como los años necesarios para la jubilación, pero además, se producirían otros efectos inmediatos como el aumento de los intereses que paga el país. Son del orden de 500 millones de dólares por cada punto que se aumenta. Como buena parte de la construcción está financiada por las AFAP también se perderían puestos de trabajo estimados entre 15.000 y 30.000. Al derogarse de un plumazo las recientes reformas de las cajas Notarial (2019) y Bancaria (2023) y volver a los 60 años, entran inmediatamente en insolvencia.

A mediano plazo, la repercusión es enorme. Ni siquiera entramos al detalle porque es tan catastrófico lo inmediato que para saber cuál sería nuestro futuro basta mirar hacia el otro lado del río.

Se difunde hoy la idea de que no estando empeñados en el plebiscito constitucional todos los partidos políticos, difícilmente podrá ser favorable, ya que no ensobrarían la papeleta. Razonamiento parecido se hacía cuando el Pit-Cnt lanzó la recolección de firmas y a fuerza de presión las alcanzó. Las propias encuestas revelan que en la población no se ha asumido claramente el riesgo que significa desfinanciar el sistema y, como arrastre, al Estado todo. La promesa, tan fácil como falsa, de trabajar menos y ganar más, siempre seduce y engaña.

Nuestro Estado es históricamente confiable. Como consecuencia, se explota maliciosamente la tendencia a creer que al final de cuentas siempre se atenderá el pago de las jubilaciones. Sin advertir que ese pago puede ser en pesos devorados por la inflación o en un país hundido en la inestabilidad.

Ser o no ser. O preservamos el país previsible o entramos en la tormenta de un kirchnerismo a la uruguaya. Nada más ni nada menos.