En un artículo del número actual de la revista “Interesse Nacional” (www.interessenacional.com), el coronel retirado Marcelo Pimentel ofrece una nueva visión del papel de las Fuerzas Armadas en el actual escenario político del Brasil al describir la participación de los militares en el gobierno como un movimiento consciente y organizado. Pimentel menciona que hay un Partido Militar en el gobierno. “La dirección está compuesta por un núcleo restringido que controla, dirige, orienta y administra el gobierno, el presidente y las propias narrativas, siempre en el sentido de facilitar el objetivo común a todo el partido: la conquista del poder (ya alcanzado) y su mantenimiento (en proceso).

“Desde hace dos años y medio, Brasil posee, de hecho, un gobierno militar controlado por un partido informal que dirige los procesos narrativos para ocultar la operación de su agente más evidente -el capitán”. “Aunque asuma un papel central-catalizador en los procesos de politización/militarización que integran el fenómeno, el presidente no es la figura dirigente y deliberante en el Partido”.

Ni siempre es así, pero esa interpretación explicaría la creciente participación de militares de carrera y retirados en el gobierno (más de 6.000 de acuerdo al Tribunal de Cuentas de la Unión), con intereses concretos que buscarían ser preservados y la politización de las FF.AA. (14 de los 17 generales del ejército que integraban el Alto Comando del Ejército en 2016, ocupan cargos políticos en el gobierno). Todos con “autorización de los comandantes de las tres fuerzas para ser nombrado o admitido para el cargo, empleo o función pública civil temporaria, no electiva, inclusive de la administración indirecta”.

La influencia de los militares en el gobierno justificaría la actitud presidencial de destacar que los militares están comprometidos en su proyecto político (“mis generales”, “mis Fuerzas Armadas”, “los militares son quienes deciden cómo va a vivir el pueblo”). Explicaría también la observación de Bolsonaro al excomandante del Ejército, general Vilas Boas, “Usted es uno de los responsables de que yo esté aquí”, la designación y la salida de un oficial general para el Ministerio de Salud, el no haberlo castigado por participar de un evento político y, hasta aquí, de un sargento que, en un encuentro virtual, apoyó al gobierno.

La politización de las Policías Militares, como se vio en diversos incidentes en varios estados, que culminó con la violenta represión de una manifestación pacífica en Recife y la modificación de la legislación para permitir armar a la población, como fue dicho públicamente, pasaron a representar una preocupación para el Partido Militar por escapar de su control inmediato. La politización de los militares y la militarización de la política pueden crear una división dentro de las FF.AA. por la erosión de la jerarquía y de la disciplina con consecuencias imprevisibles, como señaló el exministro Raul Jungmann. La sustitución del ministro de Defensa y de los tres comandantes de las fuerzas singulares puede ser vista como una actitud de cautela en relación a la eventual división dentro del Partido Militar.

A pesar de las informaciones de que los militares no admitirían la vuelta de Lula y de las declaraciones presidenciales de que no aceptará el resultado de las elecciones, que serían fraudulentas, sin el voto impreso, voces autorizadas aseguran que las FF.AA., como institución del Estado, no apoyarán ninguna amenaza al orden democrático y respetarán la Constitución.

En caso de que el Partido Militar pretenda mantenerse en el poder, con o sin el actual presidente, como observó Pimentel, se pone a la sociedad civil ante un gran desafío. Compete a los poderes Legislativo y Judicial ejercer un papel más activo en los temas que tienen que ver con el mantenimiento del orden constitucional, de la democracia y de la estabilidad institucional por el estrechamiento de la relación civil-militar con el lado que públicamente se coloca contra la politización de las Fuerzas Armadas

El Congreso daría una contribución relevante para reafirmar la supremacía del poder civil, si decidiese examinar cuestiones relativas a la participación de militares en el Ejecutivo y sobre la designación del Ministro de Defensa. La indicación de militares para cargos en el gobierno debería seguir la norma por la cual cualquier representante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar que acepte una invitación para integrar el Ejecutivo, en cualquier nivel, debería pasar automáticamente a retiro. Por otro lado, la jefatura del Ministerio de Defensa, normalmente civil, podría ser ocupada por un oficial militar, si el indicado estuviese retirado desde hace por lo menos siete años y, en caso de no completar ese requisito, con la expresa autorización del Congreso, como ocurre en los Estados Unidos.