@|Nada podrá justificar la violenta agresión sufrida en Pinares, Maldonado, por un joven de 18 años que -según los agresores- fuera confundido con un ladrón, cuando en realidad era hijo de un profesor que había alquilado una finca vecina, para pasar sus vacaciones.

Como si fueran “dueños del lugar” y estuvieran guardando su “territorio”, los 5 patoteros que agredieron a este joven, se irrogaron la prerrogativa de ejercer su “justicia por mano propia” y demostraron tener muy poco respeto por principios básicos de la vida en sociedad en un Estado de Derecho.

Tal vez se envalentonaron porque estaban en “grupo” y por ello transgredieron todos los límites. No llamaron a la autoridad pública al advertir “al ladrón”, actuaron por la espalda, cuando el agredido caminaba escuchando música con los auriculares puestos. Le quitaron y destrozaron su gorra con visera, su buzo y hasta lo amenazaron con dejarlo “tirado en una cuneta” si no llegaba a ser cierto que su familia estaba viviendo a pocos metros de donde lo interceptaron. Cuando advirtieron el atropello, pretendieron “reparar el daño” entregando 3.500 pesos a su víctima.

Ciertamente insólito, e inadmisible si no fuera trágico lo ocurrido.

Los mal intencionados partidarios de derogar la LUC pretendieron vincular la agresión a las normas que impugnan, cuando este exceso nada tiene que ver con la LUC y sus disposiciones (que contienen el criterio de “apariencia delictiva” en aquellos sujetos a los que la autoridad policial puede solicitarles exhiban sus documentos), sino a un actuar ilegítimo, irresponsable y claramente delictivo de los agresores, que fueron imputados por Fiscalía y debieron declarar ante la Justicia competente por varias horas.

Estos hechos de violencia muestran un lamentable grado de crispación social, pero pretender ejercer “justicia por mano propia” no se justifica en modo alguno. Y menos en el caso que nos ocupa, cuando el proceder de la víctima, su forma de caminar, su indumentaria o el uso de auriculares o una gorra y buzo determinados, no amerita en ningún modo el accionar de los hoy imputados.

Estos sujetos (autodenominados “gente de bien” según quedó registrado en un video que se hizo público) a nuestro leal saber y entender, no sólo tendrían que responder en la esfera penal por sus hechos, sino también en la civil, por ser responsables del daño moral y los daños materiales causados al inocente transeúnte que además veraneaba en una finca vecina.

Confunden -sin justificación alguna- derechos y deberes, olvidan que es la autoridad legítimamente instituida la que puede hacer uso de la fuerza pública. Ni siquiera estamos ante un caso de “legítima defensa”, la víctima, en uso de su derecho a la libre circulación, solo cometió el “error” de pasar por frente a estos vecinos que, porque “creyeron que se trataba de un ladrón”, lo increpan y agreden infamemente, sin razón alguna.

Tendrían que responder por sus actos y por las secuelas de los mismos, mal que les pese, con mucho más que disculpas.