Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|El fallecimiento de una madre adolescente de dieciséis años de edad, que estaba bajo el amparo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia en una dependencia de Rivera, ha puesto de manifiesto una problemática que debe ser atendida en forma urgente.

El caso además tiene aristas que exceden a la propia institucionalización de la menor en cuestión, vinculándose con hechos de violencia, explotación sexual y hasta una posible conexión con la trata de personas en la ciudad fronteriza del sur de Río Grande, en Brasil.

En este lamentable hecho, han tenido participación no sólo autoridades del mencionado instituto, sino también dependencias del Ministerio del Interior, Salud Pública, ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social, Fiscalía y hasta el Poder Judicial, y cada quien habrá de actuar dentro del límite de sus atribuciones, asumiendo y deslindando responsabilidades, no sólo de la muerte de la adolescente sino hasta para decidir quién asumirá la tenencia de la huérfana de esa madre, cuyo deceso ha motivado estas actuaciones y logrado se focalizara la cuestión.

El amparo a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social lo debe brindar el INAU y las demás dependencias del Estado; por su parte, contribuir a esa protección dentro de sus respectivas competencias.

De acuerdo a las informaciones que se han hecho públicas en distintos medios de prensa, la situación particular de la menor fallecida, por una serie de complicaciones luego de que se le practicara una cesárea para dar a luz, es incluso anterior al año 2023, está teñida de situaciones de violencia y se presume vinculado a un contexto de explotación sexual.

No se alcanzan a comprender las salidas sin autorización de esta menor del hogar donde debía ser amparada.

Las declaraciones del Presidente del INAU a este respecto, no nos pueden dejar indiferentes, ya que al parecer esta realidad tiene larga data y se repite desde anteriores gobiernos.

Qué valor de “denuncia” pueden tener ahora las declaraciones de la directora del Frente Amplio y las de la bancada de ese partido político, que recién se rasga las vestiduras, olvidándose no sólo que existe una corresponsabilidad por integrar el Directorio y también por haber sido responsables del anterior período de gobierno. Huele a intencionalidad política.

Lo grave en primer lugar, es la insuficiencia del amparo por parte de la Institución que debe ocuparse de la niñez y la adolescencia, y que no se cuente con la infraestructura adecuada para brindar las mayores seguridades en casos de vulnerabilidad de esta población.

Lo grave es que se separe a los niños y adolescentes de su entorno familiar, institucionalizándolos sin respetar las garantías mínimas de su desarrollo físico y moral.

Estas internaciones debieran ser el último recurso y siempre en forma provisional o transitoria, permitiendo la re vinculación con su familia o con el familiar responsable lo antes posible.

Lo triste es que se precise que ocurra una muerte para que los focos de atención apunten a conocer y buscar soluciones que, de una vez por todas, debieran ser interinstitucionales frente a estas carencias.