La oposición tenía razón

@|Cuando los partidos de la oposición – Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular – culminada la comisión investigadora sobre la actuación del directorio de Ancap (2010 – 2015), decidieron presentar el caso a la Justicia y formularon varias denuncias penales, por considerar que se estaba en presencia de hechos con apariencia delictiva, la reacción del gobierno y del Frente Amplio fue la de cuestionar el fundamento y hasta la seriedad de dichas acusaciones; en incluso se le atribuyó a los denunciantes propósitos políticos menores.

El tiempo dio razón a la oposición. Se conoció el dictamen del fiscal Luis Pacheco, solicitando el procesamiento de 9 personas, entre directores y jerarcas tanto de Ancap como de Alur. Entre ellos se encuentra el ex presidente del ente y ex Vicepresidente de la República, Raúl Sendic. La oposición, entonces, tenía razón. 

Llamó la atención, sin embargo, que el pedido de procesamiento de la fiscalía, extensamente fundamentado, lo fuera, en todos los casos, sin prisión, pese a la imputación de múltiples delitos de abuso de funciones, peculado y estafa. 

¿Cómo llegó el fiscal Pacheco a esta conclusión? Si bien estos procesamientos se rigen por el antiguo Código de Procedimiento Penal, el fiscal consideró aplicable al caso una norma más benigna contenida en el nuevo CPP. En consecuencia, a partir de este dictamen fiscal, nadie irá preso, según se apresuró a señalar la jueza Beatriz Larrea, competente para decretar o no los procesamientos solicitados. Y esto es así por cuanto, si bien se invocó al nuevo CPP para no pedir prisión, el procedimiento correcto que debe aplicar Larrieu es el del antiguo Código y, según este cuerpo normativo, la magistrada no puede ir más allá de lo solicitado por la fiscalía. 

Por tanto, tras todos los trabajos y esfuerzos realizados para la investigación y prueba de los hechos escandalosos ocurridos en Ancap y en Alur bajo la administración encabezada por Raúl Sendic, que ha causado enormes perjuicios – se estiman en al menos 800 millones de dólares - al ente del Estado y a la ciudadanía toda, obligada a pagar el combustible más caro de la región para salvar las finanzas de la empresa pública, nadie irá a prisión. Nadie. 

La ciudadanía ha quedado perpleja. Los denunciantes, que en un primer momento mostraron satisfacción porque el dictamen de la fiscalía, con abundantes fundamentos, respaldaba buena parte de las denuncias formuladas. Pero cierta sensación de frustración fue creciendo a medida que pasaban las horas y se tomaba consciencia de los efectos y alcances del pedido de procesamiento sin prisión para los 9 indagados. La defensa, agradecida. Sus clientes aliviados. Como también parece estarlo la fuerza política a la que pertenece Raúl Sendic. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las investigaciones continúan. Tal el caso del senador Leonardo de León, también de la lista 711 del Frente Amplio, respecto al cual el fiscal Pacheco manifestó estar a la espera del dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, para luego pronunciarse. 

Lo cierto es que el fiscal Luis Pacheco, en lugar de pedir procesamientos sin prisión, pudo dejar el punto en manos de la jueza Beatriz Larrieu. Pero no lo hizo. Y ello produjo enormes consecuencias, favorables a los jerarcas denunciados. Habrá que evaluar los daños, pero en términos de confianza de la ciudadanía, en los políticos y en la administración de justicia, los resultados no serán buenos.