Uruguayo indignado | Montevideo
@|La Fiscalía archivó en forma definitiva los procedimientos judiciales a nivel penal relacionados con el proceso de construcción del “Antel Arena”.
La frase incluida en la resolución respectiva dice: “Por lo expuesto cabe concluir entonces, que no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente y que permita afirmar que estamos ante actos de corrupción. No resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares, ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado. Las desprolijidades administrativas, a las que ya se hizo referencia por el anterior Fiscal actuante e incluso, a ellas se aludió en el ámbito de la discusión Legislativa del asunto, no se vieron respaldadas por suficiente evidencia que diera mérito a que sean alcanzadas además del derecho administrativo, por la esfera penal”.
En la referida resolución se dejan de lado los aspectos que se entienden que refieren a las responsabilidades políticas y administrativas y de gestión de quienes participaron del proceso en cuestión: justificación suficiente del proyecto, presupuestación inicial y razonabilidad de los costos realmente incurridos, incumplimiento de normas administrativas formales, dudas sobre la competitividad de las adjudicaciones directas realizadas y similares.
Como ciudadano, se puede comprender que se considere que la órbita apropiada para la generación de responsabilidades para las autoridades involucradas no sea la justicia penal, pero se mantiene la sensación de que se obró con ausencia de enfoque apropiado de gestión del proyecto, falta de implementación de controles adecuados, “verticalidad” en la toma de decisiones no debidamente fundamentadas, despilfarro de “dineros públicos” y afines.
Los hechos objetivos dicen que se gastó en exceso, que el valor de utilización económica del “Antel Arena” se redujo sustancialmente (como se indica en los estados contables auditados) y que no se concretará la rentabilidad anunciada al comienzo del proceso para justificar el proyecto.
Había destinos de esos recursos mucho más importantes para los uruguayos en general, como se planteó en su momento por parte del “oficialismo” y de la “oposición” de entonces. Pero… “festejen, uruguayos, festejen”…