@|Diversas circunstancias sociales han afectado a las clases menos favorecidas y a través de los años, los gobiernos de turno han aplicado políticas de asistencialismo cada vez en mayor grado. Estas acciones, en principio loables, traen implícitos riesgos que deben ser evaluados, quizás como una política de Estado, antes de llegar a extremos no deseados.

Los riesgos de este asistencialismo pueden ser sociales, económicos y políticos.

En el primer caso, la aplicación continuada puede conducir a un conformismo social que lleve al receptor a acomodarse y a perder hábitos de trabajo, lo cual seguramente no les permita alcanzar el estado de confort, por lo cual, reclamarán al Estado más planes y más dinero.

Los gobiernos de turno, herederos de este asistencialismo, tendrán que recurrir a recursos fiscales, no previstos o indeseados, para atender económicamente estas demandas y deberán evaluar continuar el juego creciente o tomar medidas que, por impopulares, aunque necesarias, puedan significar políticamente pérdida de votos.

Llegados a este punto: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Lamentable, pero cercano, es observar como ejemplo lo que ha sucedido con nuestros hermanos del Plata. Gobiernos populistas desde hace más de 2 décadas han ido creando, para perpetuarse en el poder, planes, beneficios y subsidios a tarifas públicas en forma creciente, sin mejorar situaciones ni hallar soluciones reales; incrementando para mantener ese asistencialismo los impuestos nacionales y finalmente adquiriendo una deuda desusada con el FMI.

Esto hace que empresarios e inversores observen con detenimiento abrir o mantener empresas en Argentina, limitando las tan ansiadas fuentes de trabajo.

Se hace muy triste ver a lo que se ha llegado en un país con tantas posibilidades; siendo ya habitual convivir con piquetes, cortes de calles o acampadas en plazas reclamando más planes, más asistencialismo, más Estado benefactor. Y en estos últimos años, no sólo no se ha paliado la pobreza sino acrecentado hasta casi el 50% de la población.

Hoy, la difícil disyuntiva es enfrentar el reclamo popular exponenciado a límites insostenibles, reorganizar el asistencialismo o crear nuevos impuestos (existen actualmente 160 distintos y se están estudiando más, “inesperados”) lo cual es radicalmente rechazado por la clase trabajadora y las cámaras empresariales.

Por aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas a remojar”, Uruguay debería estudiar y plantear una política de Estado sobre el Asistencialismo, que pueda servir de dique de contención a posibles riesgosas situaciones futuras, evitando, desde un principio, caer en el Populismo.