Caja Profesional

Jorge Bergalli | Montevideo
@|Se ha conocido el texto del proyecto de ley sobre la caja profesional. Lamentablemente se proponen modificaciones que, más allá del cuestionamiento legal futuro que tendrán como la asistencia contributiva que se impone a los pasivos (que dependerá de la voluntad de los integrantes de la SCJ) o como la suba al 22,5% de la tasa de aportación o la baja del futuro haber jubilatorio (con el riesgo de reducir aún más los aportantes), no considera los aspectos esenciales que han provocado esta situación de la Caja.

Han dicho que la situación es explosiva, lo cual es cierto, pero no se ha reconocido que los explosivos se han plantado desde 2008, desde la implementación de la reforma tributaria, con el IRPF (que no pagaban los profesionales) y con el art. 105 del CT que permite a los profesionales no aportar a la Caja si aportan a otro organismo previsional. De esta forma se rompió la solidaridad que era el basamento del sistema previsional de la CJPPU; y a partir de allí comienza el deterioro de la situación económico financiero de la Caja. Deterioro conocido y proyectado desde 2013 por las asesorías contratadas por la Caja y por los distintos Poderes Ejecutivos a través de sus delegados que estiraron la actual agonía terminal.

Las inversiones financieras realizadas por la CJPPU han estado en rentabilidad a un nivel similar o superior a las inversiones de las AFAPS; éste no ha sido el problema. Tampoco los gastos de gestión que aunque podemos considerar excesivos se han mantenido dentro del marco legal en el entorno del 4.5% de los ingresos. El núcleo del problema es la ausencia de aportantes, y el incremento de declaraciones de no ejercicio llegando actualmente a 110.000 profesionales que están aportando a BPS en vez de a la Caja.

La forma de corregir esto, es generar condiciones para que “vuelvan” esos profesionales a aportar; no afectando a los pasivos que han aportado en base a un contrato social reflejado en la ley (y ya violado por el IASS), ni deteriorando la expectativa de los actuales profesionales respecto al retorno de sus aportes y niveles de pasividad.

Tampoco estará bien que el BPS (toda la sociedad) a pesar de los 2.000 millones de pesos de superávit logrado en 2024, sea quien deba absorber un sistema deficitario hoy (más bien debería reconsiderar si precisa el IASS o si puede bajar algo de los 7 puntos del IVA que nos obliga a contribuirle a toda la sociedad).

Lo que sí se puede plantear es lo siguiente: los profesionales que no aportan a la CJPPU hoy, pero sí lo hacen al BPS, seguramente tendrán remuneraciones calificadas de alta por su capacitación universitaria. Por lo tanto, sus aportes al Sistema Previsional Común (SPC), sea por el régimen Mixto o por la reciente ley 20.130, en su mayor parte se destinan a una AFAP. Lo que se plantea en esta carta, es que se considere para estos profesionales que declaran no ejercicio y aportan a BPS/AFAP, que de la parte que va a una AFAP se descuente el equivalente a la cuota de aportación para la actual segunda categoría. Al ingresar en segunda categoría adquieren todos los derechos dentro del marco legal actual; de manera que al cumplir la edad y los años de aportación puedan acceder a la pasividad que les corresponda según hayan cumplido la carrera profesional en aplicación la ley vigente 20,130, tanto para cálculo de haberes o para la edad o edad avanzada.

En esta solución: a) no se afecta a los pasivos; b) no se genera desaliento para la continuidad en actividad aportando en la carrera profesional; c) se ataca el problema de fondo que es la falta de afiliación.

El Estado seguramente no deberá aportar nada o muy poco y será como garantía de última instancia en los términos del art. 67 de la Constitución, pero sobre todo se vuelve al fundamento de la solidaridad del cuerpo profesional universitario. Las AFAP solamente recibirán un poco menos de fondos para su intermediación, pero de ninguna manera afectará sensiblemente la rentabilidad, solidez y fortaleza del sistema, ni los dividendos de sus accionistas. Nos beneficiamos todos con esta solución, estamos a tiempo de considerarla, y si bien no se conocen los estudios actuariales de la proyectada ley, es seguro que esta solución propuesta extenderá la vida de la Caja por mayor lapso, porque es genuina.