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Contribución inmobiliaria

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Contribuyente crítico | Montevideo
@|La Contribución Inmobiliaria Departamental (CID) en Uruguay es un impuesto crucial que grava la propiedad inmobiliaria urbana y rural en cada departamento del país. Este tributo desempeña un papel fundamental en la financiación local y en la provisión de servicios públicos esenciales.

La CID se fundamenta en la Constitución, que otorga a los gobiernos departamentales la competencia para establecer y recaudar impuestos locales. Además, está regulada por leyes y decretos que detallan su aplicación y administración a nivel local. Tiene como objeto gravar la propiedad inmobiliaria, que incluye terrenos, edificaciones y mejoras, tanto en zonas urbanas como rurales de cada departamento.

El cálculo de la CID se realiza multiplicando el valor de la propiedad por una alícuota establecida por la Intendencia de cada departamento. El valor se determina mediante valoraciones catastrales periódicas realizadas por las autoridades para reflejar las condiciones actuales del mercado inmobiliario.

Las alícuotas de la CID pueden variar considerablemente entre los departamentos de Uruguay. En Montevideo, la capital del país, las alícuotas oscilan generalmente entre el 1% y el 2% del valor real de mercado de la propiedad, dependiendo de la zona y el tipo de propiedad. Esto refleja las altas demandas de servicios y la infraestructura existente en la capital. En comparación, en departamentos menos urbanizados o con menores necesidades de infraestructura, las alícuotas tienden a ser más bajas, típicamente entre el 0.5% y el 1%. (información obtenida de “chats” de “inteligencia artificial”).

La CID enfrenta desafíos y críticas, especialmente en cuanto a la precisión de las valoraciones catastrales y la equidad del sistema.

Simplemente como ejemplo de un caso puntual, en mi situación la alícuota es del orden del 1,35% en Montevideo, según la factura de la primera cuota correspondiente al año 2024.

Pero la mayor preocupación se asocia al hecho de la calidad cuestionable de las contraprestaciones que son ofrecidos a los habitantes, en muchos casos no satisfactorias.

Fácil de identificar al objeto gravado; difícil de establecer las bondades de los servicios correspondientes.

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