Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|¿Un freno al desarrollo económico en el contexto de las políticas de Orsi?
Uruguay enfrenta desafíos significativos para mejorar su competitividad económica en un escenario global complejo.
Según un relevamiento realizado por KPMG, los empresarios identifican los altos costos salariales y el atraso cambiario como los principales factores que limitan la capacidad de las empresas uruguayas para competir internacionalmente.
A pesar de la reciente depreciación del peso uruguayo, persiste la percepción de que el país sigue siendo caro en dólares en comparación con otros mercados. Esta situación, atribuida a la necesidad de un ajuste cambiario adicional, genera presión sobre sectores clave, dificultando su sostenibilidad y capacidad exportadora.
Otros factores señalados por los empresarios, como la presión fiscal, la insuficiente apertura al comercio internacional y las tarifas públicas agravan el panorama. Aunque cuestiones como las regulaciones administrativas y la falta de personal capacitado son de menor preocupación, el núcleo del problema parece residir en una estructura de costos y políticas económicas que no se adaptan completamente a las necesidades del mercado global.
En este contexto, las propuestas económicas del futuro gobierno de Yamandú Orsi han generado expectativas, pero también incertidumbres.
Orsi ha señalado que su gestión priorizará la redistribución del ingreso, el fortalecimiento del mercado interno y una política fiscal más progresiva. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo estas políticas impactarán en la competitividad internacional y en la estructura de costos de las empresas genera inquietudes entre los actores económicos.
El enfoque de Orsi, centrado en el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y la expansión del gasto público, podría tener efectos contrapuestos: por un lado, estimular la demanda interna; por otro, aumentar la presión sobre los costos salariales y fiscales que ya preocupan a los empresarios. Además, su posición crítica hacia una mayor apertura comercial genera dudas sobre si Uruguay logrará diversificar sus mercados y mejorar su posicionamiento global.
Uruguay necesita un modelo económico que combine justicia social con competitividad. Esto implica promover políticas que equilibren los intereses de los trabajadores y empresarios, ajustando el tipo de cambio de manera inteligente, revisando tarifas públicas y reduciendo la presión fiscal sobre el sector productivo.
Solo así se podrá garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible en un mundo cada vez más interconectado.