@|La emergencia sanitaria causada por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, ha puesto a prueba en el mundo entero la vigencia de principios constitucionales, así como el mantenimiento de decisiones políticas que hacen nada menos que a la matriz institucional de muchos regímenes de gobierno, situación de la que no ha podido sustraerse nuestra República.

En un entorno general de agotamientos e incertidumbres frente al enemigo invisible (que viene causando estragos en vidas y economías) buena cosa ha sido en nuestro país, mantener en claro el principio de libertad responsable y apostar a mantener las actividades productivas para no agravar aún más la situación de los más vulnerables.

Ante la constante exigencia de la oposición, de aplicar cuarentenas obligatorias, toques de queda y el cierre o limitación al máximo de la movilidad ciudadana, se ha respondido con firmeza y templanza, reiterando una y otra vez, que no se consentirá en aplicar medidas prontas de seguridad que lejos de ser efectivas contra la proliferación del virus, a la postre suponen un cercenamiento de las garantías constitucionales de los habitantes de este suelo. Con consecuencias muy peligrosas que se buscan evitar.

Los mismos grupos opositores que exigen tales medidas, así como alguno de sus connotados dirigentes, son los que alientan actitudes que se dan de bruces contra las normas legales que limitan el derecho de reunión y que buscan evitar aglomeraciones de personas y disminuir los contagios.

Y aunque luego desautoricen los dichos de estos, sus propios dirigentes, siguen movilizados para hacer ruido sobre la “insuficiencia” de las medidas adoptadas para contemplar la especialísima situación económica de muchos habitantes que debe atenderse.

Y vaya si se han dado muestras de sensibilidad social frente a los grupos que dependen del auxilio estatal para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Las encuestas de opinión pública, conceden al gobierno una aprobación de un 58%, lo que no es para nada despreciable y muestran a las claras que, no sólo se quiso un cambio de gobierno, sino que se perciben como acertadas las medidas adoptadas de esta “nueva normalidad” que todos deseamos pueda concluir con los menores daños colaterales posibles.
El avance de las auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social, así como la próxima presentación de nuevas denuncias penales o la ampliación de las ya presentadas, han dejado al descubierto “inconsistencias” y “desprolijidades”, que la Justicia habrá de calificar o no como delitos.

Aunque con relación al tema que nos ocupa, es lamentable comprobar la gran cantidad de recursos financieros que se dispusieron en planes y programas asistencialistas, que evidentemente no sirvieron para lograr ni el desarrollo ni una verdadera inclusión social, como se hubiera esperado.

Ha quedado en evidencia que la financiación de esos abultados presupuestos, fue soportada por la sociedad uruguaya en su conjunto, sin que los resultados lograran “mover la aguja” en pos de una sociedad más justa en profundidad.