Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Ante la próxima consulta plebiscitaria que tendrá lugar el último domingo de octubre, sobre la propuesta del PITCNT y el Partido Comunista de reformar la Ley de Seguridad Social, el Presidente de la República ha formulado declaraciones sobre los efectos adversos que afectarían a nuestro país en caso que el Cuerpo Electoral se pronunciara de acuerdo con la derogación que se propone.

Efectos de consecuencias ampliamente nefastas, de alcances impredecibles que afectarían en gran forma no sólo la estabilidad del sistema previsional sino además hasta el grado inversor de que goza nuestra República en el concierto internacional.

La eliminación de las AFAPS y en los hechos la confiscación de los ahorros previsionales -a los que hemos contribuido muchos durante años y que hoy complementan nuestras jubilaciones servidas por el Banco de Previsión Social-al mejor estilo de nuestros vecinos argentinos, significaría un duro golpe a la economía nacional y en rigor de verdad, un despojo inadmisible. Quienes han promovido esta infeliz iniciativa, con el claro propósito electoral y populista, haciendo creer la fantasía irresponsable que “las prestaciones de la seguridad social siempre se podrán pagar” y que los recursos para ello son ilimitados, desconocen la opinión contraria de más de un centenar de técnicos de la fuerza política que integran, e insisten en que se vote la derogación.

Su fórmula electoral ha manifestado que no acompañará esta derogación pero deja en “libertad de acción” a sus votantes. Linda forma de lavarse las manos.

Estuvieron quince años en el poder con mayorías absolutas en ambas cámaras del Poder Legislativo y pese a que sus principales dirigentes eran conscientes de que el sistema previsional debía ser modificado “cuanto antes”, sin embargo nada hicieron, miraron para el costado y no quisieron asumir ningún costo político.

El actual gobierno de la Coalición Republicana impulsó la tan ansiada como necesaria reforma del sistema de la seguridad social para garantizar el pago normal de las pasividades y, sin mezquinos cálculos electorales, sancionó la Ley cuya derogación se pretende.

Ahora resulta que buscan tildar de inconstitucional la actuación del Primer Mandatario por salir a defender la Ley que se impulsó desde su gobierno, así como sus declaraciones públicas contrarias al éxito de este plebiscito.

Bueno es recordar que, de acuerdo a las previsiones de nuestra Constitución Nacional, no se le impide realizar estas declaraciones ni menos se le limita la posibilidad de plantear una estrategia con sus ministros y asesores, para explicitar públicamente los alcances de la Ley o las tan riesgosas consecuencias que tendría su eventual derogación.

Se trata de un legítimo derecho que ejerce el titular del Poder Ejecutivo, a defender con todo su vigor y credibilidad frente a la ciudadanía, una Ley de la importancia vital como la que nos ocupa. La credibilidad y estabilidad de nuestro país es la que está en juego.

La ciudadanía debería advertirlo y no dejarse guiar por estos cantos de sirena que solo buscan recuperar el gobierno del que fueron desplazados en el 2019. Si habrá que estar alertas. Es mucho lo que está en juego.