@|En una conferencia de prensa de meses pasados, el Presidente Lacalle Pou anunció que se estaba estudiando, entre otros temas, la fijación de un adelanto de las pasividades a los jubilados y pensionistas, para atenuar el impacto del proceso inflacionario que estaría vigente a partir del mes de julio 2022.

Ese anuncio se concretó con el Decreto 214/022 publicado el 8 de julio: “Establécese, a partir del 1° de julio de 2022, en relación a las jubilaciones y pensiones servidas por el Banco de Previsión Social, un adelanto de un tres por ciento (3%) a cuenta del próximo ajuste correspondiente a las mismas, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 67 de la Constitución de la República”.

De este Decreto surge que los pasivos de los restantes Servicios de Pasividades (Notarial, Profesional, Bancaria) habrán de quedar excluidos de ese adelanto.

En el caso concreto de la Caja Bancaria, además de esa exclusión, hay que destacar el efecto de la Ley 19.874 (Covid) que implicó un gravamen que ignoró el aporte que ya venían realizando los pasivos anteriores a enero 2009 (Ley 18.396), que en números concretos significó un descuento del 20% adicional aplicado sobre el ingreso nominal.

En los hechos, en la segunda Ley Covid (19.949) se reconoció esa omisión y con los mismos parámetros de la Ley anterior, el aporte se redujo a menos de la mitad del descuento anterior.

Este esfuerzo económico medible en aportes concretos, merecía ahora un tratamiento acorde que no fue reconocido por el Poder Ejecutivo. Sería destacable que se reaccione y que la medida dispuesta también alcance a las Cajas Paraestatales. Será justicia.