@|El artilugio legal que le permitió a Sebastián Marset eludir la Justicia fue el Dec. 104/14, que, a grandes rasgos, establece el derecho de todo ciudadano uruguayo que se encuentre en el exterior a obtener un pasaporte uruguayo a través del Consulado uruguayo del lugar, sin necesidad de trasladarse.

El trámite se inicia en aquel Consulado y se gira a nuestro país para formalizarlo (en lo particular en lo que refiere a la necesidad de acreditar que aquel ciudadano no cuente con antecedentes judiciales en lo nacional).

A efectos del trámite en nuestro país, intervienen dos Ministerios: el de Exteriores y el de Interior. Surge, además, que la concesión del documento no es obligatoria, no preceptiva, sino opcional y sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.

En la Interpelación, sobre el punto a ambos Ministros y Sub Secretarios en el Senado, por parte del senador Mario Bergara, surge, que, el decreto fue pensado para aquellos uruguayos que encontrándose en el exterior lo necesitaren para legalizar su situación allá, a efectos de justificar radicación, trabajar o eventualmente estudiar, etc. Es lo que los abogados, como yo, llamamos el “espíritu de las leyes”, principio contemplado en nuestro Código Civil.

Dicho decreto no recoge la situación de uruguayos no radicados, sino encarcelados en el exterior por la comisión de un delito o delitos (en este caso el de Sebastián Marset por falsificación de documento público: portar un pasaporte paraguayo falso).

Al inicio del trámite, el Cónsul uruguayo en Dubai debió, debido a que el caso no estaba dentro del ámbito de aquel Decreto, como dije, impedir la continuación del trámite o en su defecto, solicitar instrucciones al Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien, con conocimiento del Ministro (que no fue informado tal como surgió de la Interpelación), que, incluso, debió poner en conocimiento del caso al Presidente de la República, proceder a devolver las instrucciones conforme a derecho. Si el Cónsul uruguayo en Dubai no procedió como acabo de manifestar, cometió un delito y deberá ser investigado porque, su omisión, benefició a un narcotraficante que estaba a días de ser deportado de Dubai.

Seguro: cometió un delito de abuso de funciones y eventualmente un delito de asistencia al narcotráfico y la Fiscalía debería incorporar aparatos “Detectores de mentiras” como en EE.UU.

Como lo informó el Ministro del Interior durante la interpelación: en lo local (y seguramente también en Dubai), se buscó “apurar” el pasaporte de Marset (tanto a nivel de Ministerio del Interior como de Exteriores) y fue por ello que se decretó una Investigación Administrativa tanto a nivel del Ministerio del Interior como del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay responsables.

Esperamos los resultados y que los instructores sean personas honradas que no se dejen “tocar” por la mafia.