@|Al margen de la controversia entre dos empresas controladas por extranjeros, de las escaramuzas políticas, de la denuncia penal, de los recursos ante el TCA, del dictamen del Tribunal de Cuentas, del que emitirá la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, de los acuerdos de inversión, de la denuncia penal, de las acciones ante el CIADI y de las justificadas medidas gremiales ante la eventual pérdida de las fuentes de trabajo, para la aplicación del contrato con TCP-Katoen Natie y los decretos 114 y 115; es absolutamente indispensable establecer un período de transición para la operativa de contenedores en el Puerto de Montevideo.
Y ello por una razón que se ha descuidado: la logística portuaria y que se expresa diciendo que hasta que TCP no cuente con otro muelle de atraque, el Puerto de Montevideo no podrá operar fluidamente sin Montecon.
En efecto, hasta que esa terminal no pueda atender a dos buques a la vez, ¿qué solución le queda al armador cuando su nave arribe a nuestro principal puerto y en el muelle de TCP haya otro buque cargando o descargando y ello implique una demora prolongada? ¿Adónde puede ir a operar entonces esa segunda nave sin las grúas de Montecon? ¿Cuál sería el escenario en esas circunstancias? Sólo podría ser operado con la grúa móvil de la empresa Utilaje, por cuanto las de la ANP son obsoletas y no pueden brindar un servicio satisfactorio y con una sólo grúa el tiempo que iría a insumir ese operativo sería inaceptable.
Por otra parte, las grúas de la ANP presentan varias dificultades. En primer lugar, el alcance de la pluma no es aceptable para operar buques oceánicos porta contenedores puesto que no superan la manga de esas naves, no son grúas autónomas. Es decir que cada pocas horas hay que trasladarles a toma corrientes para enchufarlas; son operadas por al menos 6 u 8 operarios; no pueden levantar más de 6000 kg y además carecen del certificado de aptitud técnica necesario.
Este período de transición, hasta que el segundo muelle de TCP esté funcionando, ofrece la ventaja de evitar las dificultades operativas expuestas precedentemente pero, además, la de postergar por un tiempo prudencial, las medidas gremiales y generar un ámbito de negociación de las autoridades competentes con las empresas involucradas que reputamos necesario para alcanzar la adecuada y equitativa conciliación de los intereses en pugna.