@|Bajo este mismo título Búsqueda publicó, en su edición anterior, una carta del senador Charles Carrera Leal.

En ella se refería a la resolución del Tribunal de Cuentas, por la cual no se observó el contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Terminal Cuenca del Plata.

Al respeto sostiene que “…el Tribunal de Cuentas de la República (con el voto de la mayoría oficialista) ignoró un informe jurídico elaborado por dos abogados de carrera”.

Para considerar esta afirmación es necesario conocer cuál es la estructura orgánica de la División Jurídica del Tribunal, y cómo son los procedimientos que se aplican para la elaboración de las resoluciones que adopta.

Desde hace muchos años, al igual que en otros órganos del Estado, el Director General, que tiene grado 16 en el escalafón, asistido por subdirectores, es quien dirige las actividades de diversos departamentos. Cada uno de ellos tiene director y subdirector y está integrado, también, por asesores letrados y técnicos. Estos últimos, a su vez, incluyen los dos últimos niveles jerárquicos denominados técnicos 1 y 2.

Los técnicos 2 incluyen los ingresos más recientes y tienen grado 10. En total hay siete grados de abogados.

Los directores de división y de departamento usualmente superan los 30 años de servicio en el organismo.

El procedimiento de trabajo consiste en asignar a los de menor jerarquía la elaboración de un informe y proyecto de resolución que luego es sometido, sucesivamente, a los jefes de departamento y de división quienes, con mayor experiencia y conocimiento son los que redactan un proyecto que se somete a consideración de los ministros.

Es natural que cuando los miembros del Tribunal tienen que optar por un proyecto de resolución lo hagan por el que fue elaborado por las máximas jerarquías técnicas, en vez de hacerlo por el que redactaron quienes tienen menos experiencia y menos conocimientos profesionales.

Es posible que el proyecto que, según el senador, el Tribunal “ignoró” haya sido el que redactaron los funcionarios de menor nivel jerárquico.
En este punto incurre en contradicción el senador.

Primero dice que el Tribunal “ignoró” un proyecto y más adelante hace referencia a “los dos informes jurídicos que fueron elevados”.

Vale decir que fueron puestos a consideración del Tribunal los dos proyectos elaborados dentro de la división jurídica como es usual, lo que es muestra de la tradicional transparencia que caracteriza sus actuaciones.

Más adelante el senador expresa que “…el Tribunal de Cuentas le dio un tratamiento político-partidario a un tema que en realidad requería un análisis objetivo desde el punto de vista jurídico”.

Esto es grave. Se trata, nada menos, de acusar públicamente a miembros del Tribunal de Cuentas de haber violado, en el ejercicio de sus funciones, el artículo 77, numeral 4to. de la Constitución, por el cual tienen prohibido, bajo pena de destitución, efectuar cualquier acto de carácter político, salvo el voto.

La Corte Electoral es el órgano competente para aplicar las penas de esos delitos, frente a la denuncia que ante ella deben presentar cualquiera de las Cámaras o las autoridades nacionales de los partidos.

De existir pruebas sobre los hechos que denuncia el senador, también sería aplicable el juicio político a los presuntos violadores de la Constitución por aplicación de los artículos 93 y 102 de la Carta.

Con esas pruebas, también puede el senador que ha acusado, iniciar ante la Asamblea General los trámites necesarios para que ésta exija, a los presuntos violadores de la Constitución, el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones so pena de destitución conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Carta.

En suma, son varias las posibilidades para poder hacer efectiva una denuncia como la formulada por carta a la prensa. Y un senador de la República que ocupa un cargo de especial relevancia puede optar por presentar las pruebas de su denuncia siguiendo cualquiera de las posibilidades reseñadas.

Si no lo hace, el contenido de su carta a la prensa caerá en total descrédito. Y él se sumará a la lista de quienes hablan en la pulpería y callan en la comisaría.