@|Hace pocos días, funcionarios policiales se presentaron en un inmueble destinado a la educación, cuya fachada estaba sirviendo de soporte a una pintada “reinvindicativa” por parte de algunos estudiantes.

Advertidos por el daño que causaban, les solicitaron sus datos personales y que se presentaran ante la autoridad policial, a fin de notificarse formalmente de tal medida y registrar los mismos. Ello motivó un intercambio de declaraciones entre un senador de la República y el presidente del órgano que regula la enseñanza pública, que muestra, a las claras, dos visiones diametralmente opuestas de lo que debiera ser la convivencia social en un régimen democrático y republicano de gobierno.

Deja al descubierto el grado de confusión de valores que evidencia una pérdida de los mismos, en desmedro del equilibrio que supone el ejercicio de derechos y deberes –legal y constitucionalmente admitidos- por parte de quienes debieran ser ejemplo de su respeto y cumplimiento.

Se trata nada menos que de respetar los derechos consagrados, sin perder de vista los deberes que esos mismos derechos conllevan. Sabido es que los derechos humanos básicos -el derecho a la libertad, entre ellos- no tienen carácter de absolutos (esto es, pueden limitarse por razones de interés general) y aunque parezca de Perogrullo recordarlo: “la libertad de cada uno termina cuando comienza el derecho del otro”.

Sin fundamento valedero alguno, se trata de defender a como dé lugar, una “libertad de expresión” en desmedro del derecho-deber a proteger un bien patrimonial -que se mantiene por la ciudadanía con el pago de sus impuestos- que resulta dañado, sin que nadie se responsabilice por ello.

Al parecer, vale todo con tal de “marcar territorio” y salir “en defensa” de quienes quieren manifestar sus consignas, sin importarles un comino quién paga el mantenimiento edilicio de los locales públicos. Alguien debe frenar este tipo de proceder, porque tanto el deber de conservación como el ejercicio de la autoridad, así se lo imponen.

La libertad de expresión se encuentra más que garantizada en nuestro país y en el sistema democrático que nos distingue, y mal que le pese al senador del caso que nos ocupa, el enchastre de las fachadas (tanto públicas como privadas) constituye un daño patrimonial y según nuestro ordenamiento jurídico, debe hacerse valer que: “quien causa un daño a otro, tiene la obligación de repararlo”.

Felizmente se ha ejercido la autoridad en debida forma y de acuerdo a la Ley; y aquí no puede siquiera mencionarse que haya habido atropello de ningún tipo y mucho menos que se haya violado la Constitución.

Es hora de que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, incluso quienes pretendiendo ejercer una supuesta “libertad de expresión”, abusan de su derecho y atentan contra bienes ajenos. Ser omisos en el cumplimiento de deberes también es una forma de consentir inconductas y ello tampoco debe admitirse.

Los estudiantes implicados y el resto de ellos, debieran recibir un mensaje que no deje lugar a dudas. Este tipo de enchastres está mal, ninguna militancia ni opinión interesada debiera aprobarla, ni menos justificarla.