@|Los resultados de la auditoría externa dispuesta por el actual Directorio de UTE para evaluar el Proyecto de la empresa Gas Sayago S.A. (que vendería gas licuado a la República Argentina según lo que dispuso el segundo gobierno del Frente Amplio) no deja lugar a dudas: el negocio era inviable desde el inicio de las obras.

Y esa inviabilidad en la que se utilizaron dineros públicos, esto es recursos de todos los contribuyentes que habitamos este suelo, sólo ha servido para que algunos simpatizantes de ese gobierno obtuvieran retribuciones exorbitantes, viajes, cursos de capacitación y hasta masajes y para que también, algunas empresas hicieran su negocio.

Pero el interés público, que nuestra Constitución Nacional mandata defender, y que debió ser el motivo de tamaña inversión, fue soslayado olímpicamente por quienes tomaron las decisiones y sin consideración alguna, utilizaron dichos recursos en un proyecto que sabían sería inviable desde el inicio (ya se había impulsado la generación eléctrica “limpia” con los parques eólicos) pero, sin embargo, siguieron adelante.

Cuando del informe que ha tomado estado público, se han encontrado hasta elementos que permitieron a las autoridades actuales presentar denuncia penal, para que sea la Justicia la que determine la comisión de uno o varios delitos y quiénes son sus responsables. Recién entonces y tarde, el número dos de ese segundo gobierno frentista ha reconocido que se trató de un “grave error”, “una obra sin sentido”; y el número uno, autoproclamado candidato al Nobel y defensor de los “intereses populares”, no ha expresado palabra y como en el caso de la venta de los aviones de Pluna, seguramente se mantendrá en silencio, posando de “filósofo” en su chacra y buscará -también en este caso- que sean otros, quienes respondan penalmente. Fueron muchos millones de dólares que se invirtieron en este “negocio” ruinoso para los intereses nacionales, más de 213.

Y seguramente serán más, atento a las deudas que habrán de asumir UTE y Ancap y a las resultancias de las demandas judiciales, (que seguramente serán contrarias a los intereses nacionales) la remoción de los pilotes que quedaron de recuerdo en el Río de la Plata, así como la liquidación de esta empresa que nunca debió impulsarse.

Menos mal que para estos señores “lo importante es la gente”. ¿Hasta cuándo creían que podían seguir abusando de la paciencia de los contribuyentes?

Estuvieron tres lustros en el poder, en el mejor período de bonanza económica del que se tenga memoria. Se dieron el lujo de hacer y deshacer a su antojo, pues contaron con las mayorías parlamentarias absolutas en ambas Cámaras. Y con ello, los legisladores “de izquierda”, afines a sus políticas “progresistas”, olvidaron su función de contralor.

Y así le fue al país. Casi funden Ancap, que debió ser recapitalizada con más de 800 millones de dólares y apostaron en más de un sector público a inversiones ciertamente desastrosas para los intereses nacionales.
Poco a poco, las tan requeridas auditorías, como la que motiva nuestra opinión, nos brindarán la verdadera historia y esperamos que de una vez se responsabilice a quienes, por acción u omisión, tomaron decisiones muy alejadas del interés público nacional.

Cabe legítimamente preguntarse si no será hora de aplicar la norma constitucional que permite repetir patrimonialmente (esto lisa y llanamente significa cobrarles, recuperando al menos en parte, las pérdidas que debió asumir la Hacienda Pública) contra aquellos funcionarios públicos que causan perjuicio al Estado.

Es preciso que cada quien asuma la responsabilidad de sus acciones de una vez por todas y que la ciudadanía sea informada de los resultados de las investigaciones y denuncias que se formulen.

Nuestra República saldrá fortalecida.