@|El reciente cruce de palabras en el departamento de Lavalleja, cuando se inauguraba en Minas la nueva sede de la UTEC (Universidad Tecnológica) entre un dirigente sindical de trabajadores de ANCAP, con el Presidente de la República, pone de manifiesto la inconsistencia del planteo de los autoproclamados “defensores de las empresas públicas”, cuando se les recordó lo que había ocurrido en Paysandú con un horno que costó 80 millones de dólares –que nunca llegó siquiera a instalarse- y cuya compra, resultó ruinosa para el país.

Entonces, los cánticos y gritos de protesta, de los sindicalizados… ni se escucharon.

Bueno es recordar que, en el tercer gobierno del Frente Amplio se votó la capitalización de la empresa monopólica de combustibles en unos 900 millones de dólares, para evitar su quiebra. Y que, poner en funcionamiento el horno a que se hizo referencia, significaba además, una inversión extra de 100 millones de dólares.

Lo cierto de todo este asunto fue que, si ANCAP no quebró fue por su condición de empresa pública y que la Gerente encargada de enfrentar lo que podría decirse fue “la retirada”, sólo dispuso de 9 millones de dólares para mantenimiento de las plantas, y la compra de ese horno resultó “un activo” que jamás fue puesto en funcionamiento; perdió las garantías y vegeta en la actualidad, en el predio de la empresa, sin miras a que algún día pueda ponerse en funcionamiento.

Duro es comprobar que fueron tal vez más de quince años de sucesivas y deficitarias administraciones de ANCAP, en que se supo utilizar a esta empresa pública para proyecciones personales e intereses políticos, muy alejados por cierto de los verdaderos intereses nacionales.

Es bueno destacar un hecho que distingue la realidad democrática de nuestro país: hoy se pretende increpar al Primer Mandatario por la supuesta “privatización” de la empresa pública, cuando el mismo se dirigió a la Asamblea General para dar cuenta de una “asociación” de este sector de la empresa con privados, para que sea sustentable y no siga siendo ruinosa esa actividad para el bolsillo de los uruguayos.

A pocos días de efectuarse la consulta popular por la derogación o el mantenimiento de los 135 artículos de la LUC, se sigue poniendo en duda la legalidad y constitucionalidad del procedimiento que plasmó en esta Ley las propuestas de gobierno de la Coalición Republicana, muchas acompañadas por legisladores frentistas.

Siguen sin reconocer que, mal que les pese, los sindicatos no son parte el gobierno y que la Constitución Nacional no les reconoce esa condición.

Deben ejercer sus funciones dentro del ámbito de las respectivas actividades de su gremio y bregar por la defensa de los derechos y condiciones de trabajo de “los trabajadores”, sin desconocer los derechos de los trabajadores que no se encuentran afiliados a los mismos.

Ha quedado nuevamente de manifiesto la confusión que tienen estos dirigentes, a quienes se les escucha y se les permite manifestar, pero a los que quienes detentan el poder público por mandato de la Constitución Nacional y de la Ley, no tienen obligación de consultar al ejercer tareas de gobierno que les son propias.