Justiniano | Montevideo
@|En la historia uruguaya resulta difícil encontrar casos como los que generó la gestión del Frente Amplio en costos para el Estado y contribuyentes.

Sobre actos dolosos basta mencionar el affaire Pluna. El cálculo del costo para los uruguayos de este embrollo arroja la friolera de 203 millones de dólares en el 2019. Recientemente en un juicio de arbitraje promovido ante el CIADI por sentencia dictada se condenó al Estado a pagar una cifra estimada en 80 millones de dólares. Por lo tanto, el Estado perdió con Pluna unos 240 millones de dólares imputables a la gestión del gobierno de José Mujica. (Fuente: ver En Perspectiva, 02-2019 y 02-2024).

En Ancap, la recapitalización de más de 800 millones de dólares por pérdidas derivadas de la gestión. Ni que hablar de lo que nos costó la aventura de Gas Sayago; o el Antel Arena por las diferencias en los costos reales de la obra que alcanzaron a 60 millones más de lo calculado que hoy investiga Fiscalía.

Los negocios ruinosos del Frente con Maduro, generaron para nuestros productores una deuda pendiente de 30 millones al Estado.

Los negocios con la minera Arazatí que ocasionaron un reclamo arbitral contra el Estado por más de 3.000 millones de dólares, por supuestos perjuicios a los accionistas derivados de incumplimientos del gobierno; juicio que sigue en trámite.

La Terminal Cuenca del Plata, la única concesionaria especializada del Puerto de Montevideo desde hace más de dos décadas atrás, que integran la ANP y capitales belgas -KN- que se consideraron perjudicados por los reiterados incumplimientos de las normas legales y contractuales vigentes por parte de la administración frenteamplista, inició contra el Estado uruguayo -durante el gobierno de Vázquez- un proceso arbitral reclamando perjuicios estimados en 1.500 millones de dólares. El actual gobierno logró que la demandante desistiera de ir a juicio mediante un acuerdo beneficioso para el país, que implicó una nueva inversión de más de 600 millones en obras de infraestructura y tecnología a cargo de la concesionaria.

En forma reciente se conoció que los accionistas de la multinacional extranjera involucrada demandarían al Estado mediante juicio arbitral aunque se desconoce qué demandan, porque ya se encuentran litigando en el país ante la jurisdicción del Contencioso Administrativo.

Como bien lo señalara el Presidente de la República al ser requerido por reporteros: “… en el Uruguay el gobierno defiende el interés nacional, las inversiones legítimas y el trabajo de los uruguayos”.