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La casta uruguaya

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Néstor Lioret | Montevideo
@|Gracias a la reciente investigación de vuestro diario de los emolumentos percibidos por algunos de nuestros empleados públicos, a más de uno se nos calentó el invierno.

Los huéspedes que mantienen al Estado arrancan su jornada cerca de las 5 de la mañana, a ponerle el pecho al frío y a lo que toque ese día. Un rato más tarde lo hacen nuestros consentidos empleados públicos, verdadera casta de privilegiados.

En el lugar de trabajo no pasan frío, la estufa puede estar todo el día prendida (si la factura no es de nadie, es de todos). Como mucho 8 horas, fin de semana libre, el seguro de paro no existe, el despido es una entelequia, vacaciones aseguradas, productividad, eficiencia y atención al cliente son malas palabras. Encima un sindicato intocable que cierra filas, así sea para defender lo indefendible, y con músculo para paralizar el país si se les antoja.

¡Nadie le pone el cascabel al gato!

Desde hace décadas que administraciones de todos los partidos, a pesar de los avances tecnológicos, se dedican a engrosar las plantillas de empleados superpoblando Ministerios, Intendencias y organismos con razones de dudosa validez y personal de cuestionable idoneidad; para hacer el mismo trabajo de siempre. Invitando a un banquete con nuestros impuestos.

La mansedumbre de nuestro ser nacional y su estatismo casi genético hace que lo tomemos como un hecho natural.

Se me ocurrió una idea para realzar el acceso al tan deseado empleo público: pongamos algunos requisitos que levanten el nivel general y dignifique el acceso a estos cargos, y que conste que no incluyo ni docentes, policías, militares, profesionales de la salud, etc.

Aquí va la susodicha propuesta, a la que nadie redactará como proyecto de ley ni someterá a plebiscito, no sea que Uruguay cambie.

Requisitos para acceder a un empleo público: ser ciudadano natural, mayor de 18 años, menor de 63 años, Secundaria completa, carné de salud vigente, certificado de antecedentes judiciales. Sumado a esto, una vez al año se realizará un concurso de oposición y méritos. Este concurso dará un orden de precedencia; pasando a integrar una base de datos nacional de empleados a cargo público. A dicha base están obligados a recurrir todos los que quieran engrosar sus plantillas de trabajadores. El postulante electo deberá aprobar, previo a su ingreso, un curso que al menos versará sobre: Constitución de la República, deberes del funcionario público, TOCAF, atención al cliente, ética y corrupción, prevención y seguridad, uso de recursos informáticos.

Por supuesto dichos empleados usarán uniformes, a efectos de incrementar la seguridad de las instalaciones, impidiendo que cualquier desconocido pase a áreas sensibles, también mostrando un decoro indispensable hacia quienes les pagamos el sueldo.

Lamentablemente, nuestra clase política no está a la altura de este reclamo, no pueden perder la cantera donde colocar familiares, amigos y correligionarios; otros, porque no quieren patear el avispero.

A las pruebas me remito viendo la reacción ante la propuesta de regular el ingreso a las Intendencias.

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