Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha abierto la puerta a una peligrosa contradicción: permitir que las ocupaciones sindicales convivan con trabajadores que deciden no adherirse a la huelga y con los propios empresarios dentro de la empresa. Esta medida, lejos de garantizar derechos, sienta las bases para un conflicto permanente dentro de los lugares de trabajo, donde las amenazas, las presiones y la violencia se volverán moneda corriente.

El decreto vigente, aprobado bajo la Ley de Urgente Consideración (LUC), fue un avance para restablecer el equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo. Sin embargo, la izquierda sindical, incapaz de aceptar cualquier límite a su capacidad de presión, vuelve a imponer su visión: una en la que la empresa es un campo de batalla y el trabajador que no se pliega a la huelga es un enemigo.

¿Acaso el gobierno pretende que un trabajador que no adhiere a la medida de fuerza soporte en su propio lugar de trabajo la intimidación de quienes ocupan? ¿Que el empresario tenga que entrar a su propia empresa rodeado de activistas sindicales? Lo que el MTSS presenta como un “ajuste normativo” es, en realidad, una rendición frente a los intereses de una minoría organizada, en desmedro de la libertad y la paz laboral.

La izquierda ha demostrado una y otra vez que no está interesada en el diálogo, sino en la imposición. Ahora, con esta medida, lo que busca es consolidar su dominio dentro de las empresas, anulando el derecho de quienes quieren trabajar y desvirtuando por completo el espíritu de la LUC.

Si esta propuesta se concreta, Uruguay enfrentará una guerra silenciosa en cada fábrica, oficina y comercio: una batalla entre quienes solo quieren cumplir con su labor y quienes, con el respaldo del Estado, los someterán a un clima de hostigamiento constante.

Los ciudadanos ya se manifestaron en el referéndum de la LUC, dejando en claro su voluntad. ¿Por qué el gobierno insiste en traicionar esa decisión?